Ayer en Córdoba se realizó otra “Marcha por la Paz” para repudiar la “ola” de violencia que azota desde hace varios años a la Ciudad de los Treinta Caballeros y que tuvo como protesta central el asesinato de un joven que laboraba en una sala de cine. ¿Cuántas caminatas de este tipo van? ¿tres… cuatro… cinco? Los cordobeses caen en la incongruencia pues marchan y marchan vestidos de blanco, ¡¡pero siguen votando con el PRI!! Es decir, se lamentan por la criminalidad y la inacción de las autoridades para proveerles seguridad, pero siguen sufragando por los responsables del estado de cosas.
Lo sucedido en el distrito de Córdoba es digno de un análisis psicológico, pues los ciudadanos al parecer están contagiado por el Síndrome de Estocolmo, pues siguen enamorados de sus verdugos. Fue el único distrito de la zona centro donde ganó el Revolucionario Institucional y aunque fue sólo por 15 votos, lo real es que los sufragios opositores –de rechazo- no fueron suficientes y se permitió que el impresentable candidato del tricolor, Juan Manuel del Castillo, peleara nariz-con-nariz la “victoria” y finalmente se quedara con ella.
La Zona Centro –no sólo Córdoba sino los municipios aledaños como Amatlán de los Reyes- está castigada porque las corporaciones policíacas y los ‘operativos’ de las mismas no han funcionado para abatir a la delincuencia. La llamada Fuerza Civil y el Mando Único Policial son una farsa, el presupuesto destinado al equipamiento de policías, prevención del delito y apoyo a las víctimas fue desviado y de eso mucho tiene que decir el diputado electo, Del Castillo, que fungió como subsecretario de Finanzas.
Es decir, la “ola” de muertes que azota a Córdoba y Amatlán de los Reyes es sistémica: el actual Gobierno estatal permitió que creciera la inseguridad, toleró al crimen organizado y se robó el dinero para combatirlo. Y el caso está para el loquero, pues los cordobeses votaron masivamente por el PRI o vendieron su voto para que ese partido ganara. ¿De qué se quejan entonces ahora? La lección que deben aprender los habitantes de Córdoba es que no basta marchar porque nadie los escucha, necesitan actuar. Imitar a sus paisanos de Orizaba, Huatusco, Zongolica y Ciudad Mendoza, que con el voto castigaron a un mal Gobierno y se decidieron por un cambio. Habrá quien diga que una “Marcha por la Paz” no tiene que ver con política, pero esos que lo sostienen son meros ignorantes. Todo tiene que ver con política, ya se ha dicho, porque son los políticos los que se convierten en los tomadores de decisiones, los que hacen e implementan los programas públicos –incluyendo los de seguridad- y para la impartición de justicia, en un Veracruz tan corrompido como el actual, la voluntad política es la que se necesita para que funcione la maquinaria judicial. Entonces, los cordobeses deben entender que deben hacer más política –de la participativa, de la sancionadora, la que lleva a castigar a los malos representantes- y menos marchas.
ADVERTENCIA
LEGISLATIVA
Hablando de política, el fin de semana los diputados electos de la alianza PAN-PRD –de ellos, tres son de la Zona Centro, Dulce María García López y Hugo González Saavedra, de Zongolica y Huatusco, respectivamente, además de la plurinominal, Teresita Zuccolotto- sostuvieron un encuentro con el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares y con los dirigentes estatales de ambos partidos.
Lo tratado en esa reunión no fue algo menor, pues según lo anunciaron, la coalición entre panistas y perredistas no quedará en el ámbito electoral, sino que se extenderá al dominio de Gobierno y de funciones parlamentarias.
Lo anterior significa que aunque Acción Nacional y el Sol Azteca tendrán sus bancadas separadas, las dos trabajarán en conjunto para sacar adelante los proyectos legislativos en consonancia con la administración estatal. Se dijo –y se espera que así sea- que no serán “matraqueros” del gobernante en turno, sino diputados responsables que velen por los intereses de sus electores y que sean complemento de Gobierno para beneficiar a los veracruzanos. Empero, la reunión fue también para mandar un mensaje a los legisladores que están por salir, los que integran el actual Congreso Local que concluye funciones el 3 de noviembre.
Las que emitieron ese recado fueron dos mujeres, la ex diputada federal y ex alcaldesa de Santiago Tuxtla, Jazmín Copete Zapot, que lo hizo por el PRD y la empresaria radiofónica María Elena Manterola Sáenz, electa por el distrito de Martínez de la Torre, quien fue portavoz del blanquiazul, y que pidieron a los actuales diputados no avalar propuestas del gobernante en turno que rebase su tiempo parlamentario y el período sexenal de Gobierno, sino dejarlas para que lo haga la nueva Legislatura.
Concretamente se refirieron al nombramiento del titular de la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción, con el cual se pretende blindar al actual gobernante para que no se investiguen las acusaciones en su contra, así como de la entrega de helicópteros, terrenos, inmuebles y presupuesto anual de mil 500 millones de pesos al fiscal general, Luis Ángel Bravo Conteras, y la asignación de bienes inmuebles al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) a cambio de saquear su reserva técnica en los cinco meses
que restan.
Ambas diputadas plantearon la advertencia llana a sus antecesores: los que quieran seguir con su carrera política deberán ser responsables y no votar esas propuestas. Traducción: los que voten a favor de extender una influencia transexenal prácticamente quedarán marcados y no tendrán posibilidad de aspirar a otros cargos de elección popular, no al menos mientras dure un Gobierno de oposición. La advertencia fue reforzada por el gobernador electo, Yunes Linares, quien anticipó que se difundirá en todos los medios informativos los nombres de los diputados que voten a favor de esas propuestas transexenales.
Esto sólo fue la forma correcta de decir las cosas, pero en realidad el mensaje fue que los actuales diputados también podrían enfrentar acciones legales si abiertamente hacen el nombramiento del fiscal anticorrupción y avalan la disposición de bienes públicos. Y eso sí debería preocupar a los parlamentarios priistas, pues la mayoría de ellos son verdaderos “pájaros de cuenta”, con pendientes con la justicia, ya que han sido señalados de actos de corrupción y abusos en cargos que ocuparon tanto en la administración estatal como en gobiernos municipales o en liderazgos sindicales.
APRETARÁN TUERCAS
Ahí están por ejemplo, Minerva Salcedo, esposa del dirigente estatal de Antorcha Campesina, que tantos delitos deben por actuar como un grupo para-policíaco; Marco Antonio del Ángel, hijo del dirigente del Movimiento de los 400 Pueblos, que ha recibido cientos de millones de pesos para mandar a los encuerados a perseguir a los enemigos políticos del tricolor, o Juan Nicolás Callejas Arroyo, el vetusto líder charro del magisterio oficial, que se ha enriquecido con la explotación de los maestros. Todos ellos son diputados plurinominales.
Y qué decir de Raúl Zarrabal, diputado por Boca del Río, a quien lo señalan de desviar 20 mil millones de pesos cuando fue secretario de Comunicaciones, y Adolfo Ramírez, de La Antigua, a quien junto con su esposa, la alcaldesa de Paso de Ovejas, Ana Rosa Valdez, los apodan “Los Abarca de Paso de Ovejas”, por sus nexos con el crimen organizado. Otros pillos de siete suelas son el diputado Ramón Gutiérrez de Velasco, a quien los jarochos apodaron “JoséRatón”, cuando fue alcalde de Veracruz, considerado como el más corrupto que ha tenido el Puerto, y Juan René Chiunti, varias veces alcalde de Cosamaloapan, cuyas arcas las saqueó hasta el hartazgo.
El Gobierno que está por entrar tendrá el aparato estatal para llamarlos a cuentas, y la ortodoxia señala que a quienes se dedican a la política no les conviene pelearse con el próximo Presidente de la República o con el próximo Gobernador. Yunes Linares es un viejo zorro de la política y sabe mover los hilos para presionar en el lugar correcto. Es decir, tendrá en sus manos la llave para ‘apretarles las tuercas’ a los que se van. ¿Represión, venganza? Más bien es el ejercicio del poder.
Además, lo que hagan ahora los diputados salientes podrá deshacerse en la nueva Legislatura, ya se ha dicho en este espacio. La alianza PAN-PRD tendría 22 curules, 13 de mayoría relativa y 9 por la vía plurinominal, mientras que Morena ocuparía 13 escaños, ocho de mayoría relativa y cinco plurinominales, votos suficientes para alcanzar una mayoría calificada que podrían destituir no sólo al Fiscal Anticorrupción, sino también al fiscal general, Bravo Contreras.
Los diputados priistas no serán suficientes para defender a nadie, pero lo más interesante del caso es que muchos de ellos –hasta donde se sabe- están más que dispuestos a congraciarse con el nuevo Gobierno para salvar intereses propios y unirse a una mayoría que asegure futuros juicios políticos y destituciones. ¿A poco creen que Juan Nicolás Callejas Roldán, hijo de Callejas Arroyo, que será diputado plurinominal se va a desgarrar las vestiduras por un alguien que ya no tendrá el poder estatal, o que el diputado por Pánuco, Rodrigo García Escalante, no tratará de evitar la voladora para su padre, el actual contralor Ricardo García Guzmán o al menos las auditorías para su hermano, que es alcalde de Pánuco?
¿Alguien piensa que Regina Vázquez se va a poner a defender al ex gobernante y arriesgarse a que le sigan el hilo a toda la estela de corrupción que dejó ella y su hermana Fabiola en el Ayuntamiento de Acayucan, o que Janet Cruz no intentará evitar la cárcel para sus jefes, los líderes de Antorcha Campesina? ¿Quién se va a arriesgar por alegar a favor de una persona que ya no tiene poder político y que seguramente estará perseguido por la justicia? En la próxima legislatura sólo habrá tres “duartitas-fidelistas puros: Juan Manuel del Castillo, Vicente Benítez y Gerardo Buganza, pero que son, desde ahora, carne para el caldero, pues enfrentarán procesos de desafuero. En resumen, hay tela de donde cortar de los diputados que salen y de los que entran.
NO ERA ETERNO
Al cordobés Enrique Ramos Rodríguez, quien durante muchos años fue poderoso líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (Stiasrm), y que en el último tramo de su vida se negó a irse a cuidar a sus nietos y se mantenía como dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), no le tocó ver la alternancia en el poder estatal, pues ayer falleció a los 83 años.
Ramos Rodríguez fue un genuino representante de la vieja guardia priista y de los liderazgos sindicales charros. Se hizo millonario con las cuotas de los obreros azucareros –le achacaron el robo de más de 2 mil millones de pesos-, fue varias veces Diputado plurinominal, siempre soldado del PRI y nunca veló por sus representados. Llegó a gozar de tanta impunidad que en un tiempo anunció la construcción de su propio ingenio azucarero, El Jícaro, en Tierra Blanca, pero que nunca puso una sola piedra, aunque sí recibió cientos de millones de pesos del Gobierno Federal y Estatal, suficientes para construir cinco factorías. Nadie lo llamó a cuentas.
Enrique Ramos se inició como obrero en el ingenio San Miguelito y hoy ese mismo complejo es símbolo de dos palabras que rigieron su vida: saqueo y corrupción. El ingenio está quebrado, hecho chatarra y nadie lo quiere comprar, ni siquiera en oferta. De Enrique Ramos se decía que era el “eterno” líder sindical, pero no fue tal. El tiempo lo alcanzó y ahora debe estar rindiendo cuentas por tanta cosa mala que hizo. No descansará en paz.
