Las dos iniciativas preferentes enviadas últimamente por él ejecutivo federal a las Cámaras de Diputados y Senadores, en esencia son propuestas para que la transparencia y rendición de cuentas sea eficaz tanto en los Sindicatos con la Ley Laboral, como la Ley de Contabilidad Gubernamental que pretenden impacte en todos los órganos de gobierno que ejerzan recursos públicos. Las dos iniciativas esencialmente buscan que los recursos públicos se apliquen a favor de la ciudadanía y no se queden en unas cuantas manos como sucede actualmente; la pretensión con estas dos iniciativas es que los ciudadanos o el pueblo en general se vean beneficiados con la aplicación de los recursos.
El viernes pasado los senadores enviaron a los diputados la minuta aprobada por mayoría de la ley laboral; no obstante, en la cámara de los diputados, en particular los legisladores priistas la han puesto en la congeladora, una vez más los intereses superiores de los menos afectarán a los intereses de la inmensa mayoría, que en este caso son los trabajadores sindicalizados.
Otro tema muy importante incluso más que la ley laboral, es la recientemente aprobada ley de contabilidad gubernamental, cabe señalar que ha esta ley desde el trabajo de comisiones como en el pleno se le hicieron modificaciones y agregados importantes, mismos que buscan ser más contundentes para que los recursos públicos dejen de ser sólo un botín para los funcionarios públicos, se busca con esa legislación que se logre que los recursos económicos que se utilizan en dependencias públicas, se ejerzan y beneficien a la inmensa mayoría de ciudadanos que día a día sufren para generar con suficiencia los recursos económicos que les permitan satisfacer las necesidades indispensables de su familia.
Esta nueva ley llamada de contabilidad gubernamental, exige publicar en la pagina internet de todas las dependencias que ejercen recursos públicos, en que se gastan estos recursos, para que quién haga uso de ellos con otra finalidad, sea sancionado con cárcel y multas económicas; desde luego dejan una balsa de salvación, señala la ley que si aquellos funcionarios públicos que hacen mal uso de los recursos económicos o se benefician de ellos alcancen fianza, entonces se les aplicará una sanción económica de hasta 50 mil salarios mínimos, esto es, aproximadamente 3 millones de pesos.
Tanto el ejecutivo federal, como los legisladores, a mi criterio se vuelven a burlar de la ciudadanía, con esta ley no se resolverá mucho, se vuelven a generar instrumentos legales en beneficio de los que están en el poder máximo, ósea, que un presidente de la República o gobernador de un estado vuelven a tener el látigo fulminante, si es amigo, puede discrecionalmente intervenir para que se le sancione con fianza, pero si es adversario, se le aplicará, con razón o sin ella, todo el peso de la ley.
Lo que esta pasando con estas dos leyes preferentes, es que existe voluntad del ejecutivo por la trasparencia y rendición de cuentas, pero los intereses de algunos diputados y senadores hacen que se vuelve a legislar sobre leyes que pueden ser distorsionadas por el jefe superior en turno, no se legisla sobre leyes que le den garantía a la ciudadanía de que el mal funcionario se va a la calle, a la cárcel y pagará su fechoría, eso sería transparencia. Sin embargo, como se está legislando, soló se aportan más elementos coercitivos para sancionar a los que el jefe supremo ordene.
Es por ello que se requieren leyes contundentes al alcance de la ciudadanía, que no importe que él mal funcionario sea amigo del gobernante en turno, que al mal funcionario se le castigue con todo el rigor de la justicia, para que de esa manera no tan sólo lo alcance la justicia, si no que también el descrédito social y no vuelva a encabezar cargo alguno, para que de esta manera, la administración pública sea encabezada por ciudadanos honorables y no sólo hacer más leyes que busquen fortalecer la coacción del jefe supremo a sus detractores. ¿Usted qué Opina?
