Córdoba.- Este 3 de mayo se cumplirán 25 años de aquella tragedia catalogada como el caso de mayor impunidad en Latinoamérica por los cientos de muertos que se le atribuyen a los efectos de la explosión en la empresa Dragón o Agricultura Nacional de Veracruz (Anaversa).
Fue el 3 de mayo de 1991 cuando un cortocircuito originó un incendio dentro de una fábrica de plaguicidas, que pese a su riesgo, siempre contó con el aval de las autoridades para operar dentro de la mancha urbana.
Hace 25 años, esta explosión combinada con la inexperiencia del cuerpo de Bomberos para controlar un incendio de este tipo, aumentaron los riesgos a la salud, pues al intentar sofocar el fuego con agua sólo extendieron los daños por aire y tierra.
La combustión de todos los tóxicos generaron la formación de dioxinas, que además de resultar altamente cancerígenas, según los expertos, tardan hasta 80 años en desintegrarse, así lo ha hecho constar en sus estudios la especialista Lilia América Albert.
Rosalinda Huerta Rivadeneyra, activista defensora de los afectados por Anaversa, quien por años ha seguido de cerca los daños así como los nulos resultados, indicó que la primera relación de afectados es de alrededor de 300, aunque se estima que al paso de los años, las cifras ya sean mayores, pues en toda la periferia al predio son cientos de personas que han muerto por algún tipo de cáncer, resultando una cifra atípica para una sola zona.
Impera corrupción
El tema Anaversa involucra una serie de situaciones, desde el daño ambiental, corrupción y daños a la salud. Muchos ya conocidos y por demás “manoseados”, especialmente después de que en este año, los propietarios “levantaran polvo” al hacer una demolición interna que de nueva cuenta levantara la voz de los afectados por Anaversa, al no ser ésta la primera ocasión que intentan hacer algo, orillados por la desesperación de la lucha social que tienen enfrente.
En el 2014, cuando Tomás Ríos iniciaba su administración como alcalde de la ciudad, anunciaba la creación de mercados en la ciudad, el “boom” fue cuando señaló que uno de esos zocos sería construido en el predio de Anaversa, lo que generó la molestia de los activistas.
Al parecer esta pretensión del Alcalde tenía un motivo de ser, pues coincidentemente, en diciembre del 2013 (aún en la administración a cargo de Guillermo Rivas), se presentó Federico Garmendia, representante legal de Anaversa, ante Jorge García Pérez (en ese momento titular de la Unidad municipal de Protección Civil) para solicitar que se le autorizara pagar todos los derechos con el fin de poder usar el predio.
Teniendo conocimiento del problema social y sensible de este tema, también se le hizo la solicitud de entregar el estudio de dioxinas actualizado, ya que al igual que este año, el apoderado legal de la empresa presentó los estudios de 1995 y al parecer son los únicos que hay hasta el momento.
Según la solicitud hecha en ese momento era derrumbar los muros e ir a arrojar los desechos a un predio del que se desconocía su ubicación, tal como sucedió ahora, sólo que en esta ocasión todo apunta a que prefirieron no pedir permiso y atenerse a las consecuencias.
Casi de una manera similar que en este año, el ex director de Protección Civil, Jorge García Perez, optó por enviar los análisis a la dependencia estatal del medio ambiente para que fuera ahí donde se diera o no el aval, tal como sucede en este año, con esta administración panista. Ahora, dos años después, se puede decir que el representante legal de Anaversa intentó actuar bajo la misma tónica, con el mismo resultado.
