México.- La guerra contra el narcotráfico incidió en las desapariciones de personas, pero aún una proporción más grande de desapariciones podría deberse a los crímenes cometidos por parte de autoridades coludidas con el crimen organizado, aseguraron expertos.
Las estadísticas oficiales en México señalan que hay 27 mil 659 personas desaparecidas entre el fuero federal y el común.
Este es un hecho que ha sido retomado en el más reciente informe anual de Amnistía Internacional para retratar la crisis de institucionalidad que atraviesa México y que ha servido para que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas calificara el año pasado que existe un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio.
El documento La Desaparición Forzada en México: Una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas apuntó que la tipificación de este delito representa un delito de lesa humanidad desde 1983 y destacó el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos, la noche del 26 de septiembre del 2014, como un caso representativo.
“El caso paradigmático de Ayotzinapa demuestra que las desapariciones están entremezcladas tanto con el crimen organizado, como con autoridades. Esa es la parte más compleja para poder desglosar el alcance del fenómeno. Por otro lado, la delincuencia común a la que le ocurre esta práctica violatoria de lesa humanidad”, consideró el investigador de la Universidad Iberoamericana, Erubiel Tirado Cervantes.
Aunque hay una propuesta enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado para tipificar la desaparición forzada como un delito, a la fecha la desaparición forzada está en el Código Federal de Procedimientos Penales, pero no en muchos estados donde las procuradurías deben buscar delitos como el secuestro para castigar a los culpables.
“En el caso de los 43 ahora hay como 130 detenidos, pero van a salir por amplia mayoría, o van a ser retenidos por otros delitos, pero no el de desaparición. Ninguno de los detenidos está asociado con el mismo”, dijo el director de la Red por los derechos de la Infancia en México (REDIM), Juan Martín Pérez García.
El director expuso que en este caso, como en otros más recientes, y el de las cinco personas desaparecidas en Tierra Blanca, Veracruz, el 11 de enero, por policías estatales y supuestamente entregadas al crimen organizado, hay un discurso de evadir la responsabilidad del Estado con la tesis de que el crimen es el principal causante, y no la colusión.
“No se debe establecer una relación causal directa entre la desaparición forzada y el fenómeno del narcotráfico o crimen organizado, o que la desaparición forzada sea consecuencia de fines tan políticos, como sí pudo ser hace 30 años. Sino que es un fenómeno multicausal”, dijo Tirado.
Las desapariciones se enmarcan en un contexto de inseguridad. El ex Presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, declaró la guerra al narcotráfico, un hecho que marcó la política de drogas.
