Como suele suceder a comienzos del sexenio, estamos escuchando anuncios invitándonos a participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Vuelvo a aconsejar lo mismo que hace seis años: no lo haga. Es un desperdicio de tiempo y dinero basado en una tontería que está en la Constitución.
El gobierno, dice la ley, está obligado a consultar a la ciudadanía para elaborar el PND. La realidad es que las propuestas ciudadanas las recopilará un grupo de burócratas, luego las echarán al cesto de la basura y harán un plan para que su jefe, el Presidente, quede contento. El PND después se presentará, se autorizará y procederán a olvidarse de él. ¿Por qué? Pues porque no tendrá utilidad alguna.
El PND es un viejo impulso del sistema político anterior. Los priistas, que algo tenían de soviéticos, llegaron a pensar que los problemas económicos y sociales podían —y debían— ser resueltos con un “Gran Plan” del Estado. Hasta lo pusieron en la Constitución. El artículo 26 manda al Estado a organizar “un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación”. Gran aspiración. Que suenen las fanfarrias. El mismo artículo le ordena al gobierno recoger “las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo”.
La verdad es que estos planes son inútiles y desperdician los recursos de los contribuyentes. Bien podríamos ahorrárnoslos. Revise usted, por ejemplo, los tres últimos planes nacionales de Zedillo, Fox y Calderón. Son puras aspiraciones con objetivos tan generales como “reformar la administración pública, acabar con el burocratismo y la corrupción”. Carecen de metas específicas y de los instrumentos para lograrlo. Y lo peor de todo es que desdeñan la realidad de un gobierno dividido. El Ejecutivo puede planear todo lo que quiera pero poco puede hacer si no tiene los votos en el Congreso. Que le pregunten a Fox, Zedillo y Calderón al respecto.
Como suele ocurrir cada sexenio, el gobierno organizará talleres, conferencias y seminarios de consulta. Y luego, con bombo y platillo, anunciará: habemus plan. Seis años después nos acordaremos de nuevo del PND cuando el Presidente entrante lance la convocatoria de consultas ciudadanas para cumplir con una disposición constitucional absurda e inútil.
De hecho, en esta ocasión el nuevo gobierno ya tiene un plan de qué quiere hacer. Desde que tomó posesión, el presidente Peña lo anunció y, por cierto, está basado en sus propuestas de campaña. El 1 de diciembre, el mandatario lanzó 13 decisiones que incluyen un Programa de Prevención del Delito, una Cruzada Contra el Hambre, un Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia y un Programa Nacional de Infraestructura y Transporte, entre otros.
Luego están los 95 compromisos del Pacto por México que firmó Peña con el PRI, PAN y PRD y que incluyen cosas tan importantes como el acceso universal a los servicios de salud, seguro de desempleo, escuelas de tiempo completo, computadoras portátiles con conectividad, un Programa Nacional de Becas, Institutos de México en el mundo, red troncal de telecomunicaciones, la inversión de 1% del PIB en ciencia y tecnología, la ampliación del crédito de la banca de desarrollo y el establecimiento de una Gendarmería Nacional. Amén de reformas estructurales importantísimas como la educativa, de telecomunicaciones, hacendaria y energética, dos de las cuales ya comenzaron a legislarse.
El Pacto por México es un plan. Ahí está lo que quiere hacer el gobierno, con el apoyo de la oposición y el calendario de cuándo piensan comenzar y terminar con cada una de las propuestas. Además, 46 de los 95 compromisos están sujetos a una reforma fiscal. Entonces, ¿para qué necesitamos el PND? Respuesta: para cumplir una ley anacrónica y estúpida.
Por eso, como suelo hacerlo cada seis años, recomiendo que usted no pierda su tiempo en las consultas de un plan inútil. Y a los que otra vez me han invitado, de manera muy amable, a sesiones consultivas del PND, reitero mi única recomendación en la elaboración de “El Plan”: que se derogue el artículo 26 constitucional y la Ley de Planeación.
