Finalmente lo que se temía aparentemente se cumplió: los cinco jóvenes originarios de Playa Vicente que el 11 de enero pasado fueron víctimas de desaparición forzada en Tierra Blanca por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPE) habrían sido privados de la vida y sus cuerpos fueron incinerados en un rancho del municipio de Tlalixcoyan, según reveló un octavo policía detenido recientemente quien fue partícipe de la detención y testigo del homicidio de los cinco muchachos.
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) reveló lo anterior en entrevistas concedidas a medios informativos en la Ciudad de México, ante los cuales dijo que esto se supo en base a las declaraciones obtenidas por el policía identificado como Rubén Pérez Andrade, uno de los responsables de la desaparición forzada de Bernardo Benítez Herrera, José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco Sánchez, José Alfredo González Díaz y Susana Tapia Garibo. Estos jóvenes efectivamente fueron detenidos por la policía estatal, trasladados a diferentes puntos de la región y finalmente llevados al rancho El Limón donde habrían sido asesinados.
Los cuerpos fueron desaparecidos también, es decir, fueron quemados para borrar evidencias de los mismos, tal como habría ocurrido con los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa detenidos en Iguala, Guerrero, en septiembre del 2014 por elementos de la policía municipal y entregados al crimen organizado para ser exterminados. El paralelismo entre Tierra Blanca y Ayotzinapa es total, con la diferencia numérica y la particularidad de que en Veracruz el autor intelectual del crimen habría sido el delegado de la SSPE, Marcos Conde Hernández.
Es decir, la desaparición y homicidio de los muchachos fue decisión directa de Conde, pues éste habría tenido problemas con uno de ellos en el municipio de Playa Vicente, según reveló el señor José Benítez, padre de uno de los desaparecidos, de acuerdo a la declaración ministerial del policía Pérez Andrade, la cual les fue leída por los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR). Es decir, mientras en Iguala, Guerrero, los que ordenaron el secuestro y muerte de los 43 normalistas fueron el alcalde José Luis Abarca y los líderes de la célula del narcotráfico “Guerreros Unidos”; en Tierra Blanca fue una autoridad policíaca directamente.
Tan grave es lo de Iguala como lo de Tierra Blanca aunque con la peculiaridad de que en este último lugar, el delegado de la SSPE, protegido por el titular de la dependencia, actuó por muto propio. Sus problemas personales los resolvió con una desaparición forzada para los que utilizó a los elementos policíacos a su cargo y para que mataran a los cautivos se valió de sus nexos con el crimen organizado. Esta simbiosis de jefe-corporación policiacos con las bandas de la delincuencia organizada quedó evidenciada. Ahora la pregunta es: ¿cuántas personas más sufrieron la misma suerte?.
Se ha dicho que Conde Hernández antes de ser asignado a Tierra Blanca, estuvo como delegado de la SSPE en Ciudad Cardel, municipio de La Antigua, donde también fue responsable de la desaparición de decenas de personas, incluso de policías municipales y estatales con los que tuvo conflictos. Aún así nunca se le investigó y peor aún, fue nombrado como delegado en Tierra Blanca pese a que no aprobó los exámenes de confiabilidad. Entonces, el caso tiene raíces más profundas que alcanzan hasta el titular de la misma dependencia, que lo asignó a dicha demarcación pese a que estaba en entredicho.
Como ya se dijo en un texto anterior, el caso de Tierra Blanca es el emblemático por ser el más expuesto en el tapete mediático pero no es el único ni el más numeroso de Veracruz. Hace dos años en un “operativo coordinado y paralelo” de la Secretaría de Seguridad Pública se detuvo a 40 personas en diferentes municipios de la zona centro y hasta la fecha no se sabe el paradero de las mismas. No fueron llevados a prisiones preventivas ni puestos a disposición de un juez como lo establece la ley.
Simplemente nunca aparecieron y sus familiares los siguen buscando mientras que la Fiscalía estatal desestima el caso criminalizando a los ausentes u ofendiendo a la inteligencia colectiva con el argumento de que las mujeres se fueron con el novio y los hombres están en ‘granjas’ de desintoxicación alcohólica.
Y también se insiste con la cuestión: ¿Cuántas personas han desaparecido en ese ‘hoyo negro’ en que se convirtió Veracruz? Retomando el analisis de los datos, durante el periodo 2010-2014 se tenía una cifra de 584 personas según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que la cifra se elevó a 700 personas durante el 2015.
Empero, las organizaciones civiles señalan que hay un sub-registro de casos y entonces, la cantidad podría rebasar las mil personas. Y si este número se divide en los mil 860 días que han transcurrido de este sexenio, surge un dato terrorífico: cada 48 horas desaparece una persona. Es decir, hubo un desaparecido cada dos días durante los últimos cinco años , y lo más grave -como también se citó en un texto anterior- es que el 70 por ciento de esas desapariciones no fue cometido directamente por la delincuencia organizada sino por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado o de las fuerzas armadas federales.
Lo anterior, de acuerdo al pronunciamiento de los colectivos y organizaciones de familiares de desaparecidos. O sea, de cada diez personas víctimas de desaparición forzada, siete fueron plagiadas por la policía. Tan grave son esos casos que -de nueva cuenta se insiste- su atención no debe estar ajena al contexto político-electoral. Los que pregonan que el tema no debe “politizarse” son unos ignorantes o unos convenencieros que buscan sacarlo de la agenda electoral. No, al contrario, es necesaria la política para destrabar el engranaje de la justicia, paralizado porque los actuales funcionarios con cómplices en esos crímenes.
Claro que hay que politizar el tema y los candidatos deben de hablar sobre el mismo y deben comprometerse a buscar a los desaparecidos, a promover una comisión de la verdad para allegarles justicia. Y no solo los que buscan la gubernatura sino también los aspirantes a las diputaciones locales porque deben ser los portavoces del clamor y los más cercanos a la ciudadanía. La voluntad política, pues, es clave, para atender esta tragedia que ha sumido en la tristeza, el luto y la incertidumbre a miles de hogares veracruzanos.
AMALGAMA PRIÍSTA
Inició el mes de marzo sin menguar la agitación electoral. Los aspirantes a la gubernatura siguen en el periodo de precampaña mismo que terminan la próxima semana, el 13 de marzo, para dar paso al registro de los candidatos ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE). Así, de acuerdo al calendario, el 27 de marzo ya se tendrán candidatos formales, listos para iniciar la campaña oficial el 3 de abril, misma que se prolongará por casi dos meses, hasta el 30
de mayo.
Mientras eso avanza, este miércoles se tuvo la presencia del dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones en Veracruz para reunirse con delegados partidistas, dirigentes y operadores electorales. Vino a una entidad conflictiva, incluso al interior del mismo partido donde hay un supuesto distanciamiento entre el abanderado, Héctor Yunes Landa con el gobernante en turno. Sin embargo, el mismo mandatario estatal reveló la semana pasada a un periódico porteño que todo es parte de un acuerdo entre él y Yunes Landa para que criticara a su administración y dar la apariencia de un enfrentamiento y deslinde. No hay tal, y a eso viene Beltrones, a reforzar la amalgama entre el candidato, el aparato estatal, el equipo de campaña y el partido mismo.
Dato adicional en el priismo local es que se ratificó al orizabeño Fidel Kuri Grajales como secretario de Organización del Comité Directivo Estatal. ¡Hip..hip…urraaa!, estará diciendo el dipsómano legislador con una copa en la mano. Los escándalos protagonizados por Kuri Grajales bajo la influencia de su alcoholismo no lo despeinaron y sigue a cargo de organizar a los priistas. Vaya, parece que en el mismo tricolor le hacen la vida difícil a Yunes Landa pues mantener a Kuri Grajales en el organigrama partidista es como pedir a gritos a los ciudadanos, y a los mismos priistas, que voten en contra del tricolor. ¿No creen?
EL BUEN SAMARITANO
Hay un estudio muy interesante que hace unos meses difundió la Universidad de Chicago y ahora, con motivo de tiempo de Cuaresma, es importante traerlo a colación: se trata de la figura o el perfil actual del Buen Samaritano, ese personaje bíblico que se apiadó de un hombre que fue asaltado, golpeado y herido en el camino de Jerusalén a Jericó, y que, sin importarle el credo o la nacionalidad de la víctima, le prestó socorro. Pues bien, el buen samaritano sigue siendo ateo y la religiosidad es enemiga de la generosidad.
La investigación se realizó en niños de entre 5 y 12 años de edad en Canadá, Estados Unidos, Jordania, Turquía, Sudáfrica y China, y demostró que los pequeños que son criados en un ambiente religioso son menos generosos y compasivos pese a que la fé que profesan sus padres y en la que se forman, exige esas cualidades. Los niños educados en el cristianismo, islamismo o budismo son más intolerantes ante el prójimo y más exigentes para que las faltas ajenas sean castigadas con severidad. Es decir, piden que se castigue a quienes “se portan mal”, a quienes no encajan con las reglas religiosas en las que fueron inculcados.
Así, se deduce que la religiosidad está directamente relacionada con la intolerancia y, vaya contradicción, con la indiferencia hacia las víctimas. Por el contrario, el estudio demostró que los niños criados en hogares que son ateos o muy despegados a las prácticas religiosas, son más compasivos y generosos. Se preocupan por el prójimo y están dispuestos no solo a desprenderse de comida, golosinas, ropa u objetos -como útiles escolares y juguetes- para dárselos a quienes no los tienen, sino también están dispuestos a acudir personalmente a la ayuda de otras personas en caso de urgencia aunque no las conozcan.
De esta forma, parece comprobarse que las personas no creyentes o no apegadas al culto religioso son más generosas y altruistas, ayudan o entregan bienes sin esperar nada a cambio mientras que los que profesan una fé, lo hacen bajo condición: esperan la recompensa divina prometida por auxiliar al prójimo, además de ser selectivos de quienes serán los beneficiarios de su apoyo. Si ayudan, lo hacen con personas con las que tienen empatía por compartir credo, nacionalidad, vecindad, grupo racial, entre otras afinidades, y se abstienen de socorrer a desconocidos o a quienes no son sus próximos en ideas religiosas.
No cabe duda que las parábolas bíblicas siguen cumpliéndose. El evangelista Lucas cuenta en la referida al Buen Samaritano que un sacerdote y un levita, hombres creyentes y difusores de la fe, evadieron al hombre herido en el camino a Jericó sin darle auxilio y fue un samaritano -considerado ajeno al credo judaico- quien se compadeció de la victima, vendó sus heridas, cuidó de él, lo llevó a una posada y pagó 2 denarios al encargado del hostal para que siguiera cuidándolo, comprometiéndose a regresar para saldar gastos adicionales que pudiera generar la atención del herido. Moraleja: el Buen Samaritano sigue siendo ateo y no hay que poner mucha esperanza en los hombres de fe.
