Córdoba.- Ante la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz en su artículo 98, propuesta por el Ejecutivo estatal, que pretende deslindar de responsabilidades financieras al Gobierno del Estado, jubilados y pensionados en la zona Centro aseguran es la antesala a la extinción del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
En conferencia de prensa el presidente de la Unión de Jubilados y Pensionados de Veracruz (UDEJUPEV)AC, Jesús Arenzano Mendoza, insistió que dicha propuesta es una acción con la cual se pone en riesgo las pensiones de todos los trabajadores, ya que busca evadir la responsabilidad ante cualquier relación laboral con los entes públicos o secretarías.
Explica que aunque desde el 2014 se sabe que los fondos del IPE fueron saqueados -con la desaparición de los fondos de reserva técnica- y utilizados en fines ajenos a los destinados desde la consolidación del instituto, el hecho de que ahora Veracruz haya sido colocado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en el primer lugar nacional de irregularidades en el manejo de la Cuenta Pública con un pendiente por solventar superior a los 13 millones de pesos, deja en claro el panorama que se vive financieramente.
PIE DE LUCHA
Ante la desaparición del IPE, Arenzano insistió los jubilados están en pie de lucha, pues a pesar que desde el 2015 se presentó ante la legislatura local una iniciativa que contempla la reforma a la Ley 287 del IPE con 35 artículos que pareciera “estar en la congeladora”, se tiene un segunda ruta de acción para la defensa de los derechos de los jubilados y activos.
El siguiente paso a seguir será el retomar dicha propuesta a fin de lograr que sea el Gobierno del Estado quien sea garante y responsable solidario responsable para atender las necesidades financieras del IPE, pues se vive una situación “insoportable” con el Gobierno.
QUEJA COLECTIVA
Aunado a la defensa de dicha iniciativa se presentará ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) una queja colectiva en contra de Javier Duarte y el secretario de gobernación, Flavino Ríos por las agresiones perpetradas en contra de los jubilados el pasado 23 de diciembre en la capital del Estado, así como ante las agresiones directas con el retraso constante del pago de las pensiones mensuales.
Llevarán acabo una caravana a la Ciudad de México a las oficinas centrales de la CNDH a fin de que se emita un resolutivo a las quejas interpuestas por los hechos antes mencionados, así como a la Cámara de Diputados para que se someta a juicio político a los políticos involucrados.