ORIZABA.- Tras la aprobación en el estado de la ley que permite encarcelar a quien contagie de VIH-Sida a una persona, hay preocupación de que esto desanime a la población para realizarse la prueba, reconoció Mario Guapillo Vargas, integrante del Grupo Multisectorial.
“Estamos hablando de que esta modificación a la ley contribuiría de manera negativa a que la gente se haga una prueba de VIH”, consideró.
Informó el activista que con esta nueva ley, el temor entre la población aumenta ya que por cada 10 hay seis que no saben todavía que están infectadas y con esta acción del Gobierno nadie querrá hacerse las pruebas de VIH, por temor a ser criminalizados.
“El Grupo Multisectorial busca realizar actividades de detección y prevención del VIH en colaboración con diversas instituciones de salud, educativas y de la sociedad civil para aplicar pruebas rápidas de manera gratuita”, insistió Guapillo Vargas.
“El año pasado estuvimos trabajando llevando esas pruebas rápidas en unidades de salud del IMSS, aplicándolas tanto al personal como al público en general, además de los Pruebatones que se realizan para los ciudadanos en general y en instituciones educativas de la región”, dijo.
Guapillo Vargas señaló que “la detección oportuna puede significar mejor calidad de vida de las personas, pues al conocer su estado serológico de VIH pueden acercarse a los CAPASITS, al IMSS o ISSSTE sin son derechohabientes, y así recibir el tratamiento oportuno y sobre todo gratuito, lo que le permite a los ciudadanos tener una mejor y mayor calidad de vida, tanto física como emocional”.
Detalló que actualmente son alrededor de 900 personas las que se atienden en el CAPASITS de Río Blanco, donde entre un 60 por ciento son varones y el resto mujeres, todos en edad reproductiva.
