La caja china

La repentina propuesta, enviada apenas hace tres días – el pasado 18 de enero- y aprobada ayer en el congreso local  que reforma la constitución veracruzana para penalizar la interrupción del embarazo no es otra cosa que una cortina de humo –una “caja china”, dirían en la famosa película ‘La dictadura perfecta’- con el fin de distraer la atención de la opinión pública ante la grave crisis de seguridad pública que se padece en  Veracruz.  Y eso se sustenta,  sobre todo, porque ¡¡ esa misma ley ya fue aprobada hace siete años!!

 

 El 17 de noviembre del 2009, bajo la administración del impresentable exgobernante estatal  se propuso a la legislatura local reformar el artículo 4 de la constitución veracruzana para “proteger la vida de las personas desde el momento de la fecundación”. El texto que se añadió a ese artículo fue “El Estado garantizará el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos del individuo. La ley establecerá los casos de excepción”.

 

 Vaya que  es copia-calca de la misma reforma aprobada ayer de forma exprés, sin realizar foros de consulta ni plebiscitos como exige una medida de tal naturaleza. Lo añadido –o mejor dicho: reañadido- por los legisladores dice: “El Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos; salvo las excepciones previstas en las leyes”.

 

 ¿De qué se trata?, ¿por qué aprobar una reforma que ya estaba aprobada desde el 2009?, ¿Qué no hay otras leyes más importantes a validar ni otros asuntos prioritarios que atender como la rendición de cuentas y la atención del caos financiero y delictivo que se vive en Veracruz?, ¿por qué los legisladores malgastan el tiempo parlamentario en algo que ya estaba vigente? En el 2009, ese año, la Ley Antiaborto fue votada a favor por 39 de los 50 diputados, la mayoría de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), y en contra sufragaron los legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia –hoy Movimiento Ciudadano- y del Trabajo (PT) y como una rara excepción, la diputada priísta Dalia Pérez Castañeda.

 

 La  historia fue similar el jueves: 39 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Hubo un priísta que voto en contra, el exalcalde jalapeño Ricardo Ahueb, quien después pidió cambiar el sufragio a favor. Este señor  ya se parece La Chimultrofia porque primero dice una cosa y luego otra. No es la primera vez que se arrepiente y traiciona. Hay que recordar que en diciembre del 2014, Ahued votó a favor de la reforma constitucional para crear una gubernatura de dos años pese a que semanas antes había rechazado dicha propuesta e incluso se había comprometido con empresarios y organizaciones políticas a no avalarla. Ahora volvió a repetir la gracia y esos piropos que muchos le arrojan al llamarlo “el priísta más congruente”,  “más decente” y “más ubicado” son pasatiempos de desocupados.

 

 Cabe recordar que la Ley Antiaborto aprobada en el sexenio de la fidelidad fue parte de la respuesta a grupos y políticos ultraconservadores en todo el país contra los cambios legales que un año antes, en abril del 2007, hizo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para despenalizar el legrado. Dicha reforma en la capital mexicana fue una acción jurídica aplaudida mundialmente ya que reconocía el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas de la gestación.

 

 La reacción de los grupos conservadores fue virulenta  e incluso el propio gobierno federal, del panista Felipe Calderón recurrió esa medida ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), cuyos ministros la declararon constitucional en agosto del 2008. Entonces, ya hay jurisprudencia al respecto y los ciudadanos inconformes pueden promover una controversia constitucional al entuerto que ayer reciclaron en el congreso de Veracruz.

 

 Pero regresando al contexto histórico, en el 2008 se dio la oleada retardataria en varias entidades  cuyos gobernadores, sin importar que fueran del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como sucedió en Veracruz –lo que confirma que el PRI evolucionó a un partido de derecha y se colocó al mismo nivel que Acción Nacional- propusieron cambios en las constituciones legales para prevenir que hubiera iniciativas similares a las del DF para despenalizar el aborto. Además de Veracruz hubo leyes antiabortistas en  Yucatán, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Durango, Colima, Chihuahua, Campeche y Baja California.

 

 La particularidad del caso veracruzano hace siete años fue que a las mujeres que optaban por el aborto también se les consideró como “enfermas mentales” pues a petición del PAN se modificó el artículo 150 del Código Penal de la entidad para dar obligatoriamente  tratamiento médico y sicológico a las mujeres que aborten. A ellas se les puede dispensar la pena de prisión y solo se les multa con  75 salarios mínimos si aceptar someterse a tratamiento sicológico para que se les quite la idea de abortar. Fue una ley digna de la Edad Media –nada más les faltó mandarlas a la hoguera si vuelven a reincidir – y aunque no se volvió a modificar el código penal, en esencia se hizo ayer lo mismo en el congreso local.

 

 Y por supuesto que machacar en la idea de criminalizara la mujer por abortar tiene una consecuencia sanitaria, social y política tremenda porque esa ley re-aprobada no solo atenta contra los derechos de las mujeres sino que condena a miles de ellas que son pobres a la cárcel. También contradice el derecho de interrumpir el embarazo en casos de violencia o riesgo de muerte de la madre y lo más reprobable es que hubo mujeres diputadas, sobre todo las priístas, que avalaron dicho armatoste legal. No son solidarias ni con su género, pues.