EL RESIDENTE

Va una felicitación para el médico Luis Castillo Castro quien desde el lunes pasado comenzó a realizar sus prácticas como residente en el Hospital Número 8  del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esta ciudad. En dicha pasantía, el doctor Castillo tendrá la oportunidad no sólo de hacer la praxis de lo aprendido académicamente sino de dar un trato humano y respetuoso a los derechohabientes que es uno de los grandes pendientes en los nosocomios públicos y en especial de ese hospital.

 

Por cierto, el doctor Castillo es uno de los 92 profesionistas que este año egresaron de la Universidad Villa Rica del puerto de Veracruz y su fiesta de graduación será el sábado 19 de diciembre en el centro de convenciones WTC de Boca del Río. Enhorabuena para  Luis y sus orgullosos padres, los periodistas Manuel Castillo y Auricela Castro.

 

LOS AMOROSOS

 

El tema quedaría en una anécdota chusca si no fuera tan dramático para los cordobeses. La dipsomanía del regidor Iván Espinosa Hermida ya generó crisis de comportamiento e involucra los asuntos públicos. Como bien lo documentó esta casa editorial, el edil mezcla el alcohol con el cargo y con los afectos personales de su ex suegro, el alcalde panista Tomás Ríos Bernal.

 

Así, como si fuera una obra cómica, Espinosa Hermida se echa sus farolazos –a veces en pleno día laboral-, viola la ley conduciendo en estado de ebriedad, huye cuando lo detienen los agentes viales y amenaza con despedir a toda la corporación por tratar de obligarlo a responder a un acto ilícito, exhibiendo incluso lo blandengue que es su ex suegro, el munícipe en funciones. Claro que el asunto es divertido y sirve para alimentar el morbo pero también es preocupante.

 

Los cordobeses no se merecen este tipo de individuos en cargos públicos no sólo porque su desempeño está condicionado a la enfermedad del alcoholismo sino porque es un agravio el abuso de poder y las ínfulas de usar el cargo para satisfacer intereses personales.

 

Si el alcalde Ríos Bernal fuera consecuente y respetara al pueblo ya hubiera exigido a su ex yerno solicitar licencia y retirarse a un centro de desintoxicación. Vaya, si tanto lo aprecia que le pague una estancia en Oceánica si no lo quiere mandar a los democráticos centros de Alcohólicos Anónimos (AA).

 

Eso sí, que pague el tratamiento de su bolsillo, no de las arcas municipales, por favor. La máxima es lapidaria: el  buen juez comienza por su casa, dice la máxima popular, y ahí Ríos Bernal está midiendo su capacidad para ser un buen administrador público. Si no pone una solución al caso de su yerno –algo que es previsible- entonces tendrá que ser el Cabildo cordobés el que convoque al señor Espinosa Hermida a separarse del cargo y someterse a un tratamiento para superar la dipsomanía. No es posible que Córdoba tenga un servidor público de tan baja ralea, que se burle del ejercicio público cuando está bajo los efectos del licor y que no tenga nada productivo que ofrecer a una ciudad.

 

Y claro, más allá del perjuicio al Ayuntamiento está el daño que le hacen a su partido político pues por culpa de personajes como Iván Espinosa, incrustados en el panismo local, los electores castigaron a ese instituto político en los comicios para elegir al diputado federal y el pronóstico es que volverán a hacerlo en el 2016 cuando se renueve la diputación local. Sólo un manotazo contra estos malos funcionarios ayudaría a recomponer la desastrosa imagen del panismo cordobés y del propio Ayuntamiento que está  bajo la tutela de Ríos Bernal, el ex suegro amoroso y protector.

 

Otro suegro amoroso –entiéndase: alcahuete- que hay en la zona centro es el cafetalero Domingo Muguira, salvador de su yerno Armel Cid de León quien “ya la libró”, como dicen popularmente pues el fiscal general de la entidad, Luis Ángel Bravo Contreras se erigió en juez –como acostumbra-  y lo exoneró: no pisará la cárcel, dijo al ser entrevistado en Córdoba.

 

El caso también es chistoso y dramático a la vez porque demuestra el jaloneo que hacen de las leyes para, primero, amagar con cárcel y luego proteger a personajes como el Alcalde de Fortín de las Flores quien fue denunciado por su pareja extramarital de propinarle una golpiza que la mandó al hospital.  De entrada hubo un pronunciamiento crítico del Gobierno estatal e incluso el propio gobernante en turno, Javier Duarte, prometió que había consciencias legales contra el golpeador de mujeres.

 

Después vino el teatro de una solicitud –mal hecha adrede- de desafuero ante el Congreso local y más tarde la Fiscalía reculó. ¿El motivo?. El amoroso suegro Muguira amenazó a Palacio de Gobierno de retirar su financiamiento al partido oficial si al yerno lo mandaban a prisión o le quitaban la alcaldía.  ¡Santo remedio!. El juicio de procedencia se anuló y la impunidad tuvo lugar. Vaya, la influencia es tanta del magnate que en un descuido hasta pueden nombrar a Armel Cid al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que en las próximas semanas tendrá que renovar su titularidad.

 

Interesante caso, digno de un estudio sociológico y siquiatrico, pues las honras se lavan y la fama pública se recompone gracias a los acuerdos oscuros y malsanos entre políticos y empresarios. Aquel que es un malhechor pasa a ser un ángel de la pureza como ayer lo dijo el amateco Bravo Contreras. Obviamente en el caso del golpeador de damas –al igual que  el del dipsómano regidor cordobés- los perdedores son los ciudadanos, que tienen que soportar a individuos cara-dura.

 

NI COMO CHATARRA

 

En el tema azucarero hay noticias que impactan a la zona centro. El Gobierno Federal informó que se logró la venta de tres de los cinco ingenios que estaban bajo propiedad estatal y que se habían puesto a licitación-subasta. Entre los que lograron venderse están El Modelo, ubicado en Cardel y por el cual el grupo San Sebastián S. A -que pertenece a la familia Porres de Córdoba- pagó mil 165 millones de pesos según dio a conocer el  Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

 

La segunda factoría veracruzana que se vendió fue La Providencia, localizado en el municipio de Cuichapa y que fue comprado por el grupo Beta San Miguel S. A. -que también es dueño del ingenio La Concepción en Tezonapa- el cual pagó 738 millones de pesos. Por cierto, el Grupo Beta San Miguel es el mayor productor del dulce en el país con un 13 por ciento del azúcar generado en cada molienda.

 

El otro ingenio reprivatizado fue San Luis, ubicado en Ciudad Valles, San Luis Potosí y quedó en manos del grupo Promotora Industrial Azucarera S. A, la cual pagó mil 140 millones de pesos. 

 

Ese mismo consorcio es dueño del ingenio Mahuixtlan, ubicado en Coatepec.

 

La mala noticia para la zona Centro es que nadie quiso comprar los ingenios El Potrero, ubicado en Atoyac y San Miguelito en Córdoba y la licitación se declaró desierta porque no  hubo interesados pese a que las dos factorías se ofertaban como una ganga: ambos  por mil 545 millones de pesos, es decir, a mitad de precio de los otros ingenios reprivatizados. Lo anterior no es casualidad ya que los dos ingenios han sido saqueados durante años por sus dueños, tanto empresarios como el mismo Gobierno Federal.

 

A estos ingenios azucareros los vieron como un botín y no como empresas generadoras de fuentes de empleo, derrama económica regional y bienestar social. Nunca se invirtió en renovar su tecnología ni sus instalaciones sino al contrario, los desmantelaron y dejaron deudas tanto con los productores de caña como con la plantilla de obreros. Hoy las consecuencias se ven: nadie los quiere comprar ni como chatarra.