Históricamente las ciudades de Córdoba y Orizaba han tenido diferencias. A Córdoba se le consideraba como un motor comercial en la región, ciudad progresista y destino cultural en la zona Centro. En cambio a Orizaba se le veía como un pueblo grandote, casi como una villa de maquiladoras —por su cercanía a la zona textil— e incluso se le relacionaba más con Puebla que con Veracruz.
Y miren que las cosas cambian y ahora los papeles se invirtieron: Orizaba es una urbe pujante y Córdoba se devaluó urbanística, comercial y culturalmente.
Hoy Orizaba es Pueblo Mágico, tiene una infraestructura urbana renovada y está lista para acaparar al turismo nacional e internacional, mientras que la llamada Ciudad de los Treinta Caballeros no puede salir de su contexto pueblerino y lo peor es que también retrocedió en cuanto a visión humanista, en libertades individuales, convirtiéndose en una especie de feudo medieval.
Muestra de ello es que por decisión del Ayuntamiento que preside el panista Tomás Ríos, ahora están prohibidos hasta los piropos, las manifestaciones públicas y la cría de animales domésticos.
El Cabildo municipal aprobó reformas al Bando de Policía y Buen Gobierno que exigen a la ciudadanía un permiso especial para poderse manifestar en la vía pública, lo que es un retroceso de medio siglo en las libertades conquistadas. Los artículos 63 y 64 establecen dicha prohibición y además que debe mediar un tiempo de 48 horas para solicitar la autorización a marchar y por ningún motivo se autorizarán dos manifestaciones a la vez.
Es decir, si el mismo día quieren salir a protestar maestros y campesinos, tendrán que ponerse de acuerdo, turnarse o de plano echar un bolado para ver quién gana la calle.
A su vez el artículo 89 establece multas hasta de 10 salarios mínimos a quien eche piropos o corteje a otra persona. Las tradicionales “flores” verbales pasan a ser consideradas como “frases y ademanes soeces” que causan asedio y obstrucción del tránsito.
Vaya grado de mochería de las autoridades panistas, expertas en la doble moral.
Los panistas que gobiernan Córdoba exhiben su doble moral porque se espantan de lo que ocurre en la calle y ocultan lo que tienen en su casa.
También, ¡Oh gran medida!, el bando municipal prohíbe la prostitución en “la vía pública o en lugares de uso común”. ¿A que se referirá esa sesuda advertencia? ¿acaso el alcalde Tomás Ríos y sus mochos asesores están dispuestos a cancelar todos los permisos de bares y cantinas que han otorgado a lugares que sirven como prostíbulos disfrazados? ¡Ah!, y de paso, advierten en su Bando que si hay alguna persona portadora del VIH o de otra enfermedad de transmisión sexual, se le aplicará una multa de 20 salarios mínimos. ¿Y cómo le harán para saber si contagió al cliente?, ¿los llevarán a hacerse el “test”? Puras bobadas.
Por cierto, bastaría con que los sexoservidores —hombres y mujeres—, que deambulan en zonas del Centro Histórico, amenacen con dar a conocer la lista de sus clientes frecuentes para que se desvanezcan las amenazas de ese reglamento. No olviden que la clase política y en especial los funcionarios son asiduos demandantes de tales servicios. Es la doble moral, ya se dijo.
Pero el asunto no termina allí, el Ayuntamiento también ordenó por decreto que la crianza de animales de traspatio está prohibida, incluyendo las aves y las abejas porque causan molestia y ponen en peligro la salud de los habitantes de zonas urbanas. ¿Y por qué entonces el edil se la pasa regalando gallinas?. Todo aquel que tenga un animal en su propiedad será multado o llevado a prisión junto con sus cerdos, conejos, pollos, abejas, borregos y cuyos. Todos están considerados como delincuentes.
¿Qué significa todo lo anterior, más allá de la moral de Ríos Bernal y sus regidores ultraconservadores? Que en el Ayuntamiento de Córdoba hay demasiada desocupación. No tienen otra cosa más que hacer y se ocupan de tonterías.
El Bando de Policía y Buen Gobierno lo que debería perseguir es a los que se dedican al crimen organizado, a los secuestradores, a los extorsionadores que cobran derecho de piso y tienen aterrorizados a los empresarios, maestros y comerciantes.
Debe castigar a los asaltantes, a los traficantes de estupefacientes, a los que venden alcohol a menores y a quienes contaminan la ecología, no andar cazando a los albureros o enamorados o a los que crían animales domésticos, ni mucho menos a los que salen a protestar y defender sus derechos.
Cómo se decía al principio, Córdoba no solo se quedó rezagada económica, cultural y urbanísticamente, sino ahora se convirtió en la sede de la Santa Inquisición. ¿Qué falta? ¿Ver al mocho Ríos Bernal quemando libros y periódicos en una hoguera encendida en el parque 21 de Mayo? No falta mucho.
GALLINERO ALBOROTADO
Hablando de gallos y gallinas, pero del corral político, la primera semana de diciembre cierra con la efervescencia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues a diferencia de otros sexenios cuando en estas fechas ya se sabía el nombre del candidato a la gubernatura, ahora sigue el jaloneo entre los senadores José y Héctor Yunes con el gobernante estatal, que maniobra para imponer al diputado federal, Alberto Silva Ramos, quien también es dirigente estatal del tricolor.
Duarte de Ochoa se ha asumido de facto como el encargado de elegir al abanderado priista —ojo, que no su sucesor porque la posibilidad de triunfo está más alejada que nunca— y literalmente dejó a un lado su investidura como funcionario público para erigirse en una especie de “jefe de precampaña” de Silva Ramos. Se reúne y le habla a los periodistas xalapeños para decir que será él y no el presidente Enrique Peña Nieto, el que decidirá sobre el nombre del nominado. Algo poco creíble.
Pues bien, el caso es que a la par hay una campaña mediática para minimizar a los senadores Yunes. Incluso se filtran versiones de una posible declinación de Yunes Zorrilla, el más aventajado en los sondeos ciudadanos con el fin de meter con calzador al tuxpeño Silva Ramos. Es interesante el caso desde el punto de vista político porque Duarte de Ochoa y Silva Ramos están en un pleito solitario contra los senadores de su propio partido.
No hay las tradicionales “cargadas” a favor de Silva Ramos ni los pronunciamientos de la clase priista o empresarial que respalden las intenciones del gobernante en turno. Lo han hecho, sí, con José y Héctor Yunes que llevan tiempo haciendo precampaña. La lectura es que Palacio de Gobierno pelea en solitario para imponer candidato y no tiene el puntal masivo como se acostumbraba en otros tiempos. Eso también revela debilidad política. ¿Aguantará la cuerda que se tensa? Ya se verá aunque muchos aseguran que habrá ruptura.
En un mes se tendrán definiciones pues se espera que durante el festejo priista de los campesinos del partido, el 6 de enero, se devele el nombre del abanderado tricolor. Entonces quedan al menos cuatro semanas de jaloneo que podrían profundizar la polarización interna.
Y los beneficiados son, por supuesto, los partidos de oposición.
Mientras más alborotado esté el gallinero priista y se den picotazos entre ellos, mejor pinta el panorama para la oposición, especialmente para la coalición PAN-PRD y su virtual candidato, el diputado federal Miguel Ángel Yunes Linares.
PREMIAN AL ENCUBRIDOR
De pena ajena es lo que hizo ayer el Congreso local al entregarle la Medalla “Adolfo Ruiz Cortines” al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, uno de los ministros más corruptos que ha tenido la justicia mexicana. El homenajeado es un conservador y pro-gobiernista nato, toda su gestión como ministro y como presidente del máximo tribunal se distinguió por otorgar impunidad a políticos y negar justicia a los desfavorecidos.
En su Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se exculpó al ex gobernador de Sonora, el priista Eduardo Bours Castelo, también dueño de Bachoco, y al ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas —fallecido en marzo pasado— del incendio en la guardería infantil ABC que en el 2009 dejó 49 niños fallecidos y 50 más heridos con quemaduras. Ortiz Mayagoitia también fue uno de los ministros que protegió al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, acusado de encarcelar indebidamente a la escritora Lidia Cacho. Gracias a él, Bours Castelo y el Gober Precioso andan sueltos.
El ex presidente de la SCJN se opuso siempre a la despenalización del aborto y abogó para que las mujeres que abortaran fueran llevadas a prisión.
Por si fuera poco también fue cómplice de las irregularidades del Fondo Bancario para la Protección al Ahorro (Fobaproa), pues en el año 2005 impidió que la Auditoria Superior de la Federación reabriera el caso del fraude más grande en la historia del país y castigará a los banqueros y funcionarios corruptos que lo cometieron.
Aun así, ayer los diputados veracruzanos lo honraron con la medalla que lleva el nombre del ex presidente Adolfo Ruiz Cortines, uno de los mandatarios más austeros que ha tenido el país.
Ruiz fue el primero en promover la transparencia, al instituir la declaración patrimonial de funcionarios, y el servicio a la comunidad.
Sin duda, es un escupitajo a la memoria del ex presidente de la República, veracruzano por cierto, y una burla a todas las víctimas de las decisiones de Ortiz Mayagoitia, entre ellos los 49 pequeños que perecieron calcinados en Sonora.