No es muy frecuente que gracias a la relevancia de un caso la mayoría de la población tenga la oportunidad de asomarse a ver cómo funciona en la realidad nuestro sistema de justicia penal. Ya escribí la semana pasada, de la vergüenza que es nuestro diseño de audiencias. En estos días hemos seguido viendo el laberinto de procedimientos, el lenguaje críptico, la opacidad del proceso.
En unas horas el juez tendrá que decidir si hay elementos suficientes en el expediente para hacerlo pensar que la señora Gordillo debe enfrentar un juicio por los delitos de los que se le acusa. Sería una enorme sorpresa si dice que no. Y entonces, con base en la ley, el juez remitirá a la señora a pasar el tiempo que dure el juicio en prisión, tras las rejas. Lo hará porque el Legislativo decidió que el delito es “grave” y, por tanto, no amerita enfrentar el juicio en libertad.
Si por alguna razón después de años de juicio la señora resultara inocente se habrá pasado todo ese tiempo encerrada de a gratis, como les sucede a no pocos mexicanos. Yo creo que es un absurdo. Es parte del abuso de la prisión preventiva en México. Alrededor de la mitad de nuestros internos no han sido condenados.
Guillermo Zepeda Lecuona, quien lleva años investigando las consecuencias de la prisión preventiva en el país, estima el costo anual promedio de la prisión preventiva en alrededor de 10 mil millones de pesos anuales.
Y los desglosa de la siguiente manera:
Costos para los detenidos. Basado en el número de personas en prisión preventiva en México a mediados de 2006 (cuando se preparó este informe era la información disponible más actualizada), el costo anual de este tipo de detención para dichas personas era de 0.8 mil millones a 3.4 mil millones de pesos, lo que arroja un costo promedio de 2 mil millones.
Costos para el Estado. El costo anual de la detención preventiva para el Estado era de 5.8 mil millones de pesos —sin considerar los costos importantes relacionados con la planificación y construcción de cárceles, pues no hay datos confiables al respecto—. La parte más significativa de esa carga presupuestaria se destinaba a la gestión y administración de las prisiones, incluyendo alimentación, medicamentos y ropa para los detenidos, mantenimiento general y otros gastos (4 mil millones de pesos).
Costo para las familias de los detenidos. Las familias sufrían una pérdida económica anual de 1.9 mil millones de pesos como resultado de la detención previa al juicio de sus parientes.
Costos para la comunidad. Organizaciones de beneficencia invertían alrededor de 72.2 millones de pesos anuales en brindar asistencia legal, comida, ropa, medicamentos, capacitación y otros servicios a los detenidos y sus familias.
El caso de la ex lideresa del SNTE es un buen ejemplo del uso desproporcionado y contrario a los principios internacionales que en México hacemos de la prisión preventiva. No creo que nos sirva de nada tener a la señora de 70 años en la cárcel más que para satisfacer apetitos que no tienen que ver con la justicia.
Twitter: @puigcarlos
