MÉXICO.- En los últimos 15 años, 107 periodistas han sido asesinados, 20 están desaparecidos desde hace una década y desde 2006 se han cometido 47 atentados a medios de comunicación, situación que constituye una “realidad cotidiana e indignante” de las agresiones a este gremio, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Durante la víspera de la conmemoración del Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, resaltó que del 1 de enero de 2010 a la fecha, el organismo ha recibido 488 quejas por agravios a periodistas.
El ombudsman afirmó que la violencia criminal contra los periodistas se mantiene impune en 89 por ciento de los casos. Dijo que los estados con mayor incidencia de homicidios son Veracruz (14.9 por ciento), Tamaulipas (12.1 por ciento), Guerrero y Chihuahua (ambos con 11.2 por ciento), así como Oaxaca (9.3 por ciento). Peor: seis de cada 10 asesinatos se cometen en esas entidades.
Ante Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, González Pérez pidió la realización de un “estudio profundo” de la operación del mismo y de “la efectividad de las medidas”, ante las continuas críticas por la dilatación en la atención de las emergencias
Al señalar que “la falta de confianza” evita que muchas de las agresiones contra periodistas locales se denuncien y que, desde hace 15 años, México es considerado “el país más peligroso para ejercer el periodismo en todo el continente”, el titular de la CNDH anunció la creación de una “Alerta 6”.
Se trata de una alerta “temprana” para periodistas y defensores de derechos humanos, cuya operación está prevista para iniciar en enero de 2016.
El objetivo de la “Alerta 6” –en alusión al artículo 6 de la Constitución referente al derecho a la libertad de expresión— es tener “conocimiento de eventos de agresiones a periodistas”, así como identificar “situaciones urgentes y patrones de violaciones de derechos humanos, a fin de instrumentar acciones de protección coordinadas, proponiendo políticas públicas para atender los sucesos”.
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