Mientras el alcalde de Córdoba, Tomás Ríos Bernal ocupa su tiempo en regalar gallinas en las colonias populares y organizar tianguis de pueblo, en Orizaba siguen llegando las inversiones de alto calado.
En el contexto de la declaratoria de Pueblo Mágico, que la Secretaría de Turismo le otorgó a la Pluviosilla hace algunas semanas, la ciudad se convirtió en un polo de atracción de capitales y ahora el grupo La Parroquia de Veracruz abrirá un segundo restaurante para aprovechar la ola de visitantes que arribará.
El contador Marcelino Fernández Rivero, accionista principal de la cadena empresarial, famosa por haberse convertido en un ícono en el puerto de Veracruz, informó que la apertura de la nueva cafetería se dará antes de concluir el presente año y en la misma se canalizará, a través de la modalidad de franquicia, una inversión significativa y se generarán varias decenas de empleos.
La nueva Parroquia Orizaba se suma a la ya existente desde hace algunos años en la Plaza O. Así, mientras Orizaba contará con dos sucursales del popular restaurante, en Córdoba no ha prosperado el proyecto para establecer una franquicia. ¿La razón? Las trabas que el ayuntamiento ha puesto a los posibles franquiciatarios. De mente pequeña, el panista Ríos Bernal tiene miedo que una inversión de este tipo le quite la clientela al negocio de su propiedad ubicado en el área de portales.
De ahí que el edil prefiera seguir regalando aves de corral y convocando a ferias de rancho pues la venta de fritangas y atole no le hace competencia a su restaurante. Como dato adicional se tiene que con la nueva La Parroquia Orizaba sumarán quince las cafeterías del grupo empresarial distribuidas en Veracruz, Puebla, el Estado de México y el Distrito Federal. Próximamente también abrirán filiales en Cancún, Quintana Roo y Mérida Yucatán.
CONTROL FEDERAL
En temas estatales, la semana cierra con el paquetazo de más deuda con cargo al bolsillo de los veracruzanos. Cuatro nuevos préstamos solicitará el gobierno estatal para obtener 21 mil millones de pesos con los cuales pagará los pasivos inmediatos para evitar la inminente quiebra financiera.
Ayer el congreso local dio entrada a la petición del Ejecutivo estatal para que se autorice la contratación de hasta cuatro nuevos empréstitos que serán pagaderos a 20 y 25 años, es decir, la nueva deuda se extenderá hasta el 2040 y 2045.
Para ello se comprometerán a futuro las participaciones que el gobierno federal envía a la entidad por medio de los fondos de aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFED) y para la Infraestructura Social (FAIS), además de la recaudación, también durante los próximos años del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, conocido como Impuesto sobre la Nómina. Tal es el plan que, según los funcionarios estatales, servirá para pagar el 90 por ciento de la deuda pública de la entidad, algo completamente falso porque dicho cálculo se basa en reportes minimizados.
En realidad dicha cifra sólo alcanzaría para cubrir la cuarta o quinta parte de la deuda real que según los economistas serios oscila entre los 100 y 120 mil millones de pesos. Así, al poner los datos en el frío tamiz matemático, la maniobra de comprometer hasta el 25 por ciento de las participaciones federales en varios fondos y la recaudación por el Impuesto a la Nómina no es suficiente para recomponer el desastre financiero.
Por otro lado, es un hecho de que el gobierno estatal no es el autor de esta reestructuración financiera sino la federación. Fue la oficina del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, la que diseñó dichas medidas que tienen como objetivo evitar el colapso financiero local en la antesala de un año electoral.
En términos llanos, el plan no es rescatar a Veracruz ni a los veracruzanos sino al régimen priísta y su trasfondo es netamente electoral: evitar la derrota del tricolor en los comicios del 2016 ante la irritación popular que genera el desahucio monetario.
Como se dijo líneas arriba, los 21 mil millones de pesos serán ocupados en pagar lo inmediato y evitar un levantamiento de burócratas a final del año porque no tienen ni para aguinaldos y de paso, tener fondos para costear la campaña electoral del tricolor el año venidero. Se buscará borrar entre la población – el electorado- la percepción de quiebra financiera, también aplacar a los proveedores del gobierno estatal que exigen el pago de deudas acumuladas y calmar a los burócratas asalariados y a los usuarios de instituciones públicas que les retienen pensiones, salarios, becas y apoyo en servicios sociales, principalmente de salud.
En particular se busca regularizar los retrasos de fondos a la Universidad Veracruzana (UV) y al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) pues los académicos, trabajadores sindicalizados, alumnos y trabajadores jubilados son votos que se volcarían contra el PRI en el 2016. A la par de eso, se pretende tener un colchón monetario para la compra de la voluntad popular, de las autoridades electorales y de los magistrados que calificarán los comicios el año entrante.
Por eso, se trata de un rescate político-electoral del Revolucionario Institucional más que un resanado financiero. Y la receta que aplicarán también lleva una dosis enorme de impunidad ya que prefiere endeudar más a los veracruzanos en lugar de castigar a los responsables del saqueo financiero de las arcas estatales y obligarlos a devolver lo robado.
La reestructuración financiera de Veracruz es integral pues también están incluidas otras medidas anunciadas días atrás, como la jubilación de mil 800 burócratas y despido de más de 2 mil “aviadores” que hay en la Secretaría de Educación de Veracruz. Así también se confirma que el gobierno federal tomó el control del manejo económico y político de la entidad, aun cuando con esas medidas, especialmente la de contratar más deuda pública, soslaye su propio “sistema de alerta sobre deuda pública en los estados” que se pretende implantar.
El propio presidente Peña Nieto envió al Congreso de la Unión, el pasado 17 de agosto, una iniciativa para crear la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en la que se establecerá un tope de endeudamiento no superior al 3 por ciento del presupuesto anual de las entidades y aquellas que ya tengan una sobre-deuda, como es el caso de Veracruz, se les impediría ampliarla. Todavía no se aprueba dicha ley y aprovechan la ausencia de ese marco jurídico para aplicar todo lo contrario en Veracruz.
EL APESTADO
Los observadores del ejercicio del poder aseguran que el Peñismo si bien está interviniendo a Veracruz, no dio el manotazo directo como lo hizo en Michoacán al nombrar un “gobernador de facto”disfrazado en la figura de un comisionado, sino que optó por una forma más sutil para no agitar más las aguas electorales, ya de por sí turbulentas, en las vísperas de la renovación de la gubernatura. En manos de la federación ya están las finanzas y las decisiones electorales para el 2016 y obviamente que la designación del candidato priísta a suceder a Javier Duarte se dará en Los Pinos.
Esto aun cuando a nivel estatal se haya permitido definir la dirigencia del tricolor que quedará en manos del diputado federal y ex alcalde de Tuxpan, Alberto Silva Ramos, allegado a palacio de gobierno, pero que no significa que la selección del candidato a la gubernatura y también a las diputaciones locales vaya a darse en Xalapa. El cacareado “gran elector” del PRI está en el altiplano.
Dentro de este contexto, la administración de Enrique Peña Nieto también decidió echar del estado y del país al impresentable ex gobernante estatal que pretendía manipular los comicios locales y era un factor de riesgo para el propio partido. Lo mandó por la puerta trasera a un consulado en Barcelona, España, y lo hizo recurriendo a la nominación legaloide de un encargo diplomático “de carrera” para evadir solicitar el aval del Senado de la República, donde sería repudiado.
No hay que olvidar que hace poco más de un año en la Cámara de Senadores se emitió un exhorto –y que fue aprobado por todos los partidos políticos, incluido el PRI- solicitando a la Procuraduría General de la República (PGR) que informara si el ex gobernante veracruzano era investigado por sus nexos con el crimen organizado, luego de que en una corte de Texas, Estados Unidos, un testigo protegido declaró que uno de los cárteles de la droga le entregó 12 millones de dólares para su campaña electoral del 2004 a cambio de que les entregara el control de la entidad para operar libremente.
Señalado de todo y de lo peor – con justa razón- se ratifica que el ex gobernante estatal es un individuo impresentable. Se volvió un apestado, incómodo para todos hasta para su propio partido, y el gobierno de Peña Nieto prefirió enviarlo de cónsul a España a tenerlo aquí. Y lo hizo con el riesgo –y ya lo está viendo- de que su oscura popularidad embarre a la diplomacia nacional. Los que manejan los hilos de la política mexicana consideraron que los perjuicios que provocaría a la imagen diplomática del país serán menores a los que causaría radicando en Veracruz, de ahí su destierro.
Y como tenía que ser, la mala fama del impresentable llegó hasta España donde fue recibido a periodicazos. La prensa catalana lo describió en su punto: un narco-cónsul. De paso, los chascarrillos abundan en ambos lados del Atlántico, el más socorrido es que el innombrable le agregará una “z” al grupo separatista ETA –aunque sean vascos y no catalanes- para que de ahora en adelante sean los Z-ETAs y no extrañe a los suyos. Vaya fama.
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