México.– Si el gobierno fuera eficiente en materia de seguridad, la población, principalmente la de menor ingreso, no tendría que gastar en medidas preventivas como cerraduras o rejas, expuso el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) en su análisis semanal, lo cual denominó un “impuesto silencioso”.
Los hogares mexicanos destinaron el año pasado 226 mil 700 millones de pesos para cambiar la cerradura, colocar rejas protectoras o pagar tratamientos médicos luego de sufrir un delito, reportó.
“No hay que olvidar que el impuesto silencioso que esto representa y que afecta principalmente a los hogares de menores ingresos es reflejo de la ineficiencia e ineficacia del Estado para cumplir cabalmente con su obligación de ofrecer seguridad a la población”, determinó el sector privado.
Un año antes, comparó, el costo de la inseguridad y el delito sumó un total de 213 mil 100 millones de pesos, lo que representó 1.27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y menos que en el 2014.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen 33.7 millones de delitos asociados a 22.8 millones de víctimas durante 2014.
Por ello el sector privado hizo un llamado a contribuir al crecimiento económico del país mediante la reducción de la corrupción e impunidad que no frenan la inseguridad y delincuencia.
En el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), México obtuvo los peores lugares en los rubros de crimen organizado, en costo a los negocios por el crimen y la violencia, fiabilidad de los servicios policiacos, calidad de la educación en matemáticas y ciencia, y en el desvío de recursos públicos.
