México.- La organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder) –que revisa la transparencia en las empresas– advirtió que, ante la baja participación en la primera licitación de la Ronda 1, el Gobierno mexicano decidió flexibilizar los requisitos de rendición de cuentas de las compañías interesadas en la segunda licitación y, también, la participación del Estado mexicano en las ganancias.
“Se redujeron las utilidades operativas que le corresponderían al Estado mexicano de 40 por ciento al 30 por ciento, así como el monto de garantía de seriedad de la propuesta, y ahora se permite a las empresas realizar exploración además de extracción”, dijo Tamar Hayrikyan, investigadora independiente que leyó parte del reporte que realizó Poder sobre la industria energética en México.
“Además, se flexibilizó el contenido de los registros y se eliminó el requisito de presentar algunos informes, tales como el reporte de ingeniería y el informe de construcción de instalaciones”, agregó.
La información fue presentada en conferencia de prensa, dos días antes de que se den a conocer los ganadores de la segunda licitación de la Ronda 1 de la Reforma Energética mexicana, en la que están interesadas, advirtieron, empresas con antecedentes de violaciones a todo tipo de normas.
“Esta flexibilización es particularmente preocupante ante los antecedentes de corrupción, daños medioambientales y violaciones graves de derechos humanos por parte de cinco empresas –Shell, BP, Chevron, Grupo Carso y Grupo Bal–. Algunas de estas empresas tienen operaciones en México desde hace años y han sido señaladas por prácticas de corrupción, vínculos con el crimen organizado y control territorial estratégico”, advirtió Hayrikyan.
Poder denunció en un análisis que las cinco empresas que participarán en la segunda licitación de la Ronda Uno por nueve áreas en aguas poco profundas han incurrido en presuntas violaciones a los derechos humanos, corrupción y afectaciones al medioambiente, que incluso han causado muertes.
Las empresas analizadas fueron las multinacionales Shell, British Petroleum y Chevron, así como las mexicanas Grupo Carso y Grupo Bal, pertenecientes a los multimillonarios mexicanos Carlos Slim Helú y Alberto Baillères. Son compañías que se encuentran dentro del ranking de las 2 mil más grandes del mundo.
De acuerdo con la investigación, ocho años antes de que México abriera las puertas a inversión privada en actividades de producción y exploración de hidrocarburos, la estadounidense Chevron contaba ya con una unidad de exploración y producción en el país. Además, la petrolera ha reconocido que participó en el proceso de cabildeo para la apertura del sector energético a capitales privados.
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