México.– En Guatemala, tanto el presidente Enrique Peña Nieto, como el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso y los funcionarios involucrados en escándalos como los audios de OHL ya hubieran sido sometidos a proceso judicial. La Constitución de ese país –que acaba de encarcelar por corrupción a su Mandatario y a la Vicepresidenta– no le da ningún tipo de fuero a quienes ostentan un cargo público, de acuerdo con el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), de la Nación centroamericana.
El Cedecon fue una de las primeras –“si no es que la primera”– organización de Guatemala que empezó a hacer públicos los argumentos legales que existían para enjuiciar al presidente Otto Pérez Molina, por corrupción.
Alexander Aizenstatd, vicepresidente del Cedecon, señaló en entrevista con SinEmbargo que fue posible encarcelar a Pérez Molina gracias a que coincidieron distintas cuestiones jurídicas, políticas y sociales.
Pero tres elementos que fueron clave son el hecho de que la Constitución no le otorgue al Presidente ningún tipo de fuero, la participación de una comisión independiente del extranjero para que la investigación se realizara conforme a la Ley y las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía.
“El marco legal no ha cambiado, no se tocó, ni la Ley”.
El Presidente no tiene inmunidad sino una garantía que se llama antejuico y lo único que requiere es que el Congreso declare previamente que hay motivos suficientes para llevar a juicio al Presidente ante un tribunal: si tienes un demanda la presentas ante un juzgado, se lleva a la Corte Suprema y lo lleva ante el Congreso”, explicó.
