ORIZABA.- De 15 a 20 mil productores han sido defraudados por las instituciones encargadas de apoyar al campo, las cuales hacen gran desvío y cobro de recursos a nombre de los afectados, quienes nunca reciben los apoyos prometidos.
En demanda de la presentación de todos los detenidos-desaparecidos del país, ya sea por motivos sociales o políticos, integrantes de la Unión de Todos los Pueblos Pobres (TINAM por sus siglas en náhuatl), así como maestros del MMPV-CNTE, realizaron un mitin en el parque Apolinar Castillo.
“La desaparición forzada tiene origen y sustento en el Estado mexicano, es parte de la opresión y represión sobre el pueblo, una medida político-social de la clase dominante para imponer las reformas neoliberales mediante la violencia y el terrorismo de Estado; un flagelo que azota a los trabajadores del campo y la ciudad, al pueblo organizado o no, una amenaza constante que se cierne sobre los mexicanos”, expuso el líder del TINAM, Ignacio Romero Carrera.
En el marco del Día Internacional del Detenido-Desaparecido, mencionaron que demandan la presentación con vida de todas las personas que han sido víctimas de esta situación.
Los manifestantes exigieron también la presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, detenidos-desaparecidos por el Estado, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
“Asimismo, en el cumplimiento de la resolución emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en materia penal de primer circuito el pasado 12 de junio de 2014, en donde se mandata la búsqueda y paradero de los dos luchadores sociales, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en instalaciones militares y policiacas, además de citar a las autoridades que pudieran haber estado involucradas en este caso en Oaxaca en el 2007”, expusieron.
“Exigimos el cese y erradicación de esta política de terrorismo de Estado aplicada por los gobiernos panistas y priistas de ayer y hoy”, apuntaron.
Asimismo, destacó, 20 mil productores de Tuxpanguillo y la Sierra de Zongolica han sido defraudados por autoridades federales y estatales, a la fecha sin recibir apoyos por unos 10 millones de pesos.