Orizaba.- Por condicionar a los alumnos su ingreso al plantel a cambio del pago de la cuota de inscripción, la Directora de la Escuela Secundaria Técnica 98 fue denunciada ante la delegación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
“El problema es que supuestamente la Sociedad de Padres de Familia está cobrando mil pesos de cuota por cada alumno, son alrededor de 812 estudiantes, pero la que dice qué se cobra y lo que se hace con ese dinero es la directora Carmen Leticia Grajales Amador”, indicó una de las madres afectadas.
En días pasados, la Directora llamó a los jóvenes con supuesto adeudo para exigirles el pago, situación que molestó a los padres de los 35 estudiantes que no han podido cumplir, por no tener mejores condiciones económicas.
“Mandó a traer a los menores para decirles que se puede perder su registro porque no se ha cubierto la cuota de inscripción, además de que se van a quedar sin libros, con eso exhibió a los niños ante los demás y también los preocupó por esa situación”, señalaron los quejosos.
Lo que provocó que algunos no quisieran regresar al plantel educativo por el temor psicológico y el terror infundido, así como la vergüenza que les hizo pasar a los estudiantes, tachándoles ante otros alumnos de deudores ellos y sus padres, lo que les ocasionó burlas y discriminación.
Una de las señoras mencionó que ella es integrante de la Sociedad de Padres de Familia, pero la Presidenta nunca los convoca ni les informa de qué es lo que se realiza con las cuotas, ni las cobran ellos, simplemente les hacen llegar un documento de las cantidades que presuntamente ingresan al plantel y lo que se hace con el dinero, dejando entrever la mala administración que se tiene de los recursos ingresados que la misma Directora tiene conocimiento, donde pudiera presentarse un caso de corrupción y robo, de comprobarse estos hechos.
Los padres de familia destacaron que en días pasados fueron recibidos por la Directora de la institución, en referencia al pago de las cuotas, pero que el trato que les dio fue prepotente, así como les dijo que tienen que pagar a fuerza.
Ante esa situación, algunos papás optaron por dirigirse a la delegación de Derechos Humanos, ubicada en Córdoba, en donde interpusieron la queja correspondiente.
Asimismo, los padres de familia analizan también interponer una denuncia penal en contra de la maestra por usurpación de funciones o el delito que resulte, al mantener el control absoluto de la Sociedad de Padres de Familia y sobre todo por no rendir cuentas del destino de los recursos recaudados en la institución.
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