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Córdoba.- La Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE), advirtió que el 99 por ciento de los 150 mil maestros notificados para la evaluación del Servicio Profesional Docente que contempla la Ley de Educación no se presentarán, como parte de las acciones de la Ruta de la Asamblea Nacional se ha exhortado a los docentes a unirse en un acto de rebelión pacífica para lograr la abrogación de esta ley.
Ayer se efectuó la reunión de la región Sur de las secciones de Michoacán, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Chiapas, de la Coordinadora y Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV). De acuerdo a los lineamientos de la ruta de acción los representantes reiteraron su posicionamiento político y refrendo a la lucha que emprendieron desde el 2013.
El secretario general de la Sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez Ginés, precisó que la Coordinadora se ha replanteado de manera permanente la correlación de fuerzas o la aglutinación de referentes, por ello el llamado a la unidad de todos los sectores sociales: maestros, padres de familia, campesinos, obreros a sumarse a esta “lucha incluyente”. Será durante la asamblea nacional representativa del 22 de agosto cuando se definan las siguientes acciones a seguir.
Adelantó que no habrá, por el momento, boicot al inicio de clases, puesto que existe un compromiso educativo con los estudiantes. Sin embargo, se mantendrán en la defensa de la educación pública y la permanencia en el empleo de los trabajadores de la educación, por ello se ha convocado a que en un acto de deso-bediencia pacífica los 150 mil docentes que ya fueron notificados no se presenten a la evaluación programada para noviembre próximo, incumpliendo a su vez con la presentación de las evidencias.
En un mensaje claro advirtieron que su lucha se mantiene firme con miras a la abrogación de la Ley de Educación, ya que no están dispuestos a permitir la imposición de una ley lesiva para sus derechos.
Al mismo tiempo señalaron lucharán en contra de los gobiernos represores como el de esta entidad, a quien nuevamente acusaron de mantener una “política del garrote”, que sólo pretende asesinar, secuestrar y desaparecer activistas, reporteros y quienes estorban a autoridades.
