Córdoba.- Tras su encuentro con empresarios transportistas de la zona Centro, el fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo, aseguró que habrá mano dura contra quienes solapen la retención de unidades sin el consentimiento de los propietarios, ya que –señaló– se trata de un acto de corrupción que se ha venido cometiendo por décadas y se va a erradicar.
Será en 15 días aproximadamente cuando se firme un convenio entre ambas partes a fin de poner en marcha esta disposición, la Fiscalía podrá fincar responsabilidad contra propietarios de grúas que acepten una unidad sin que haya sido ingresada bajo el consentimiento del propietario, incluso podría ir a la cárcel por esa situación.
Mientras que al Agente Vial que retenga la unidad y lo traslade a un corralón de su conveniencia sin la autorización del transportista, tendrá que absorber el costo del arrastre, dicha disposición no sólo será aplicable a urbanos, sino a unidades en modalidad de taxi e incluso particulares, además de que será investigado por retención ilegal.
Esto, dijo, es en respuesta a las peticiones hechas por el gremio del transporte que desde días pasados han manifestado su molestia por varios puntos, entre ellos el tema de inseguridad así como hostigamiento por detenciones arbitrarias.
Este convenio se pondrá en marcha en aquel momento en que ocurra un percance y en caso de que los afectados manifiestan que pueden tomar un acuerdo previo, entonces el Agente Vial no tiene justificación para retener la unidad, aunque en caso de ser necesario deberá trasladarla a un corralón perteneciente a Tránsito a fin de que no se genere un costo, asimismo, será válido el arrastre cuando el concesionario así lo decida y si él indica a qué lugar deberá ser llevada la unidad, mencionó el Fiscal General del Estado.