México.- “Abatir delincuentes en horas de oscuridad”, esa fue la orden que se les dio a los militares que integraban la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario” y que estuvieron involucrados en la posible ejecución extrajudicial de 22 personas el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.
Así lo consiguió documentar el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) al tener acceso a la Orden de Relevo y Designación de Mando, dirigida al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estaba al mando del personal de tropa. Las pruebas fueron exhibidas en un informe.
A la presentación del informe asistieron Clara Gómez González, una de las tres testigos de la masacre y quién había sido identificada como “Julia”. Ella es madre de Erika, una adolescente de 15 años que se cuenta entre las 22 víctimas de la masacre de Tlatlaya.
Es la primera vez que se hace publica su identidad y ello obedeció a que su vida y su integridad están en riesgo, señaló Mario Patrón, director del Centro Prodh. Está situación de riesgo es porque no se han cumplido a cabalidad las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en octubre pasado.
Asimismo porque la jurisdicción militar le ha negado el reconocimiento de su calidad de víctima, mientras que en el fuero civil no se reconoce que su hija Erika se encuentra entre las víctimas de ejecución, pese a que ella ha declarado lo contrario y existen pruebas que sugieren que habría sido ejecutada.
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