Orizaba.- En opinión de abogados, el conflicto del transporte en la ciudad tiene intereses económicos y políticos, además de la complacencia de dos instancias de Gobierno, el federal y del Estado que, seguramente, como consecuencia de los resultados y compromisos electorales es que hoy dejan “hacer su capricho” a los concesionarios.
Los profesionistas del Derecho, que además participaron en algunas acciones de asesoría a los transportistas, indicaron que mientras el grupo de quienes colaboran en las acciones del PRI están cobrándoles favores que hicieron durante las pasadas campañas; el otro, el que tiene una concesión federal, seguramente no abonó mucho políticamente hablando en este contexto.
Los abogados, quienes omitieron su identidad por temor a represalias, saben que el alcalde de Ixtaczoquitlán, Aquileo Herrera, y sus socios los Castelán Crivelli, trabajan de forma constante con las líneas de transporte, pero a la par cobran favores al Gobierno del Estado, y hacen de las suyas en las rutas de competencia federal dejando en una especie de indefensión a los socios de la Cooperativa de Choferes y Cobradores (ChyC).
Pero, además destacaron que en ambos casos, los señores transportistas utilizan a organizaciones sociales para crear grupos de choque y convierten su competencia particular, en un serio riesgo para la integridad de los mismos trabajadores de ambas empresas, por la violencia que se podría desatar.