Me dirijo a ustedes, estimados lectores, con el debido cariño y respeto, para pedirles permiso. Debo ausentarme de estas páginas, en las cuales colaboro desde hace casi 28 años. La razón es ajena a mi voluntad: me es necesaria una intervención quirúrgica con la cual recuperaría el movimiento (perdido casi del todo), en mi brazo derecho, intervención al cargo de un magnífico cirujano, el doctor Negrete Corona, y su magnífico equipo.
A partir del día 12 y por lo menos dos meses más, estaré ausente de la sección que recibe nuestra opinión para EL UNIVERSAL. Abrigo la esperanza de que al navegar de nuevo en mi computadora lo haga para comentar soluciones a los graves problemas que han sumido al país “en una situación de desconfianza y desmoralización” (Javier González Garza, Reforma, 02/II/2013), que “imponen revisar las retóricas al uso y tratar de dar a nuestro lenguaje coloquial y especializado mayor precisión, tan sólo para forjar nuevos entendimientos (Rolando Cordera Campos, La Jornada, 03/02/2013).
Se trata de enfrentar aquellas cuestiones que generan desconcierto e inconformidad social, las cuales exigen cambios significativos en la política del Estado, la formulación de certeras políticas públicas y el despliegue de iniciativas que superen los dogmas “pactistas” de la burocracia política.
Hoy no puedo olvidar cuestiones que requieren tratamiento inmediato. En primerísimo lugar la tragedia en la sede de Pemex, que produjo la muerte de 37 personas y la hospitalización de más de 100. Pasaron cinco días sin que se produjera la primera manifestación de las indagatorias “profundas y transparentes”, que desde el jueves 31 prometió el gobierno. Las organizaciones sociales, los dirigentes políticos, las redes y los periodistas independientes reclamaron con energía informaciones sobre las causas de la gran explosión: un grave acontecimiento que conmovió a todo el país.
Y junto con el reclamo de la verdad de la explosión surgió la necesidad del control democrático de la investigación: “Las conclusiones de la investigación deben tener la mayor credibilidad y llevar a una consecuencia jurídica no sujeta a conveniencias políticas. Aún si se tuviera la seguridad del éxito en la investigación, el Congreso debería estar informado y tener sus propios instrumentos de verificación y control”. (Manuel Camacho Solís, EL UNIVERSAL, 04/II/2013/.)
Especial importancia han tenido las exigencias de la Unión de Profesionistas Petroleros, primero rectificando las proporciones de la explosión, pues, expone, no había condiciones técnicas para una de esa magnitud ni para la cantidad de víctimas y, segundo, demandando su intervención en las indagatorias “con ingenieros expertos en seguridad”, ya que conocen los esquemas que operan en Pemex. Por otra parte, entre los equipos especializados que participan en las investigaciones se ha producido rechazo al abuso informativo de la PGR, al no admitir claramente que todavía carece de resultados firmes de la indagatoria y que, por ahora, todo son suposiciones; arguyen: mientras no conozcamos la causa física del siniestro, no sabremos qué pasó; cuando los equipos especializados lleguen al sótano —hasta el día 7 eso no había sucedido— se determinará la causa del percance; mientras tanto —concluyen—, todas las hipótesis siguen abiertas, incluso la de un atentado.
Mas sí es necesario “revisar las retóricas al uso” para eliminar las causas de la desconfianza y la desmoralización en torno a esa tragedia, es preciso acudir a ellas en la resolución de la SCJN al revocar el amparo concedido al SME según el cual la CFE estaba obligada a recontratar a los trabajadores en su calidad de “patrón sustituto”. Y también para llegar a conclusiones respecto de por qué durante siete años se admitió la prisión de Florence Cassez, cuando su condena partía de la eliminación de principios del debido proceso y mientras su autor directo —Genaro García Luna— gozaba del apoyo jurídico y personal de Felipe Calderón. E igualmente nos explicaría la razón de por qué se aplicaba —la mayoría del Consejo General del IFE exigió terminar la viciosa separación de las erogaciones por las campañas presidenciales de las de diputados y senadores— una monstruosa multa a López Obrador , mientras con el apoyo del voto “migrante” del consejero García Ramírez, se libraba de toda multa la fastuosa campaña de Peña Nieto.
Pero, “como decíamos ayer”, estas y otras cuestiones esperarán a la posrecuperación.
