Nadie dijo que sacar adelante el Pacto por México iba ser cosa fácil. A las complicaciones naturales que implica configurar un arreglo entre diversas fuerzas políticas se agregaron las disputas entre las facciones de cada partido, que lo han tomado como ariete de batalla contra sus dirigentes y los celos por el protagonismo y la interlocución con el poder.
En semanas recientes diversos acontecimientos nublaron el horizonte y enrarecieron el ambiente político nacional. Estos hechos, sin estar directamente relacionados con el contenido del acuerdo, lastimaron la confianza necesaria para que el pacto avance.
El primer golpe vino de donde menos se esperaba: la infausta sentencia que tres ministros de la Primera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia dictaron sobre el expediente Cassez, a la que le siguió una ola de indignación popular contra el máximo tribunal del país, que con mucho esfuerzo se había ganado el respeto como institución independiente. En la demolición del prestigio de la Corte los operadores políticos y los autores de la liberación lisa y llana de la presunta secuestradora hicieron una parte, el performance del gobierno francés hizo el resto.
Ese mismo día, encubierto en el escándalo anterior, el IFE extendió al PRI certificado de legalidad en su truculento manejo de millonarias cantidades a través de Monex. Un respetado consejero, como Sergio García Ramírez, sorpresivamente rectificó su decisión de excusarse de participar en la resolución del caso por tener vínculos con accionistas de la casa bancaria involucrada. Sin embargo, en el último momento fue impelido a votar para librar, también lisa y llanamente, de un severo castigo al partido del que alguna vez fue dirigente y precandidato presidencial. A continuación anunció que renunciaría al cargo.
En un intento de lavarse la cara, el IFE dio vista del sumario a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a diversas autoridades hacendarias y bancarias, todas ubicadas en ámbitos del sector público que hoy están encabezados por quienes posiblemente no fueron ajenos a esa ingeniería financiera.
En una comedia de enredos, el segundo espectáculo que ofreció el IFE fue el sainete de las sanciones a los partidos por rebasar los límites en los gastos de campaña. Se ensañó contra la coalición que apoyó a AMLO y, de nuevo, fue muy complaciente con el PRI. El dictamen fue un torpedo dirigido a la línea de flotación del Pacto por México. Maniobra correctiva de emergencia.
En las mismas fechas se desató el embate contra el IFAI. Mediante una maniobra maquiavélica se comenzó a serruchar el piso a los comisionados. La fama de sus integrantes fue sometida al público ludibrio. Los nuevos gobernantes quieren ropa nueva en el IFAI, tal vez a la medida de sus tallas.
Apenas la opinión pública comenzaba asimilar los significados y trascendencia de este conjunto de hechos cuando se produjo la explosión en la Torre de Pemex. La tragedia del 31-E y el dolor por las víctimas dejó por breve periodo en el olvido el desguace del que fue objeto en los días anteriores el edificio institucional del país.
Es pertinente preguntarse si el pacto puede sobrevivir en este descompuesto clima político. El acuerdo, según manifestaron sus conspicuos firmantes, estaba blindado contra los avatares de la lucha política y sería capaz de superar toda clase de dificultades y obstáculos coyunturales. Es necesario que el Consejo Rector oxigene el ambiente, envíe de inmediato una señal de refuerzo al Pacto por México y refrende la voluntad política que lo hizo posible. Esa señal debe ser un adendum al documento del 2 de diciembre, en el que gobierno y partidos se comprometan solemnemente a restaurar el prestigio y la respetabilidad del IFE, el IFAI y todos los organismos autónomos del Estado. Lo primero a que deben obligarse es a evitar su integración por cuotas partidistas y a fumigar a dichas instituciones de influencias sectarias y mercantilistas que hoy las carcomen.
@lf_bravomena
Analista político
