La Perla.- Por actos de corrupción así como de prepotencia y abuso de autoridad fue denunciada la juez del Juzgado municipal, Claudia Iveth Solís Hernández por el señor Ruperto Contreras Déctor de 99 años de edad y su hija María Cristina Contreras González
de 74 años.
La queja se interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la ciudad de Xalapa contra la Juez, y su secretaria identificada como Karla.
Los quejosos fueron llamados a comparecer ante el Juzgado Municipal, ya que una hija más del campesino de nombre Consuelo, acudió ante dicha instancia para que la ayudaran a despojar a su padre de una parte de terreno que él no quiere heredarle.
Estos actos, tanto por parte de la Juez y su Secretaria, quienes desde hace tiempo operan de esta forma y existen al menos cuatro quejas en su contra por maltrato a los ciudadanos y abuso de autoridad, fueron calificados como actos de corrupción.
“Me cobraron mil 800 pesos en el Juzgado por hacerme un recibo de compra venta del terreno de mi papá. Eso lo pagué en la caja pero no me dieron comprobante alguno”, dijo María Cristina. “Lleve uno que me había dado el Síndico pero la Juez dijo que no servía y me lo volvió a hacer. Pero mi hermana no vino a firmarlo y ya no me lo aceptaron. La Secretaria me dijo que tenían que volver a hacer otro pero me volvió a cobrar mil 800, los cuales no pagué porque no me lo hizo”, señaló Contreras González. “Fui al DIF. Ahí me pidieron otros mil pesos. A mis hermanos también les pidieron dinero”, aseveró. Cabe mencionar que al acudir el señor Ruperto con su hija ante el Juzgado, la Secretaria de manera prepotente le ordenó, ceder la parte del terreno que le pedía su hija y hasta le arrebató unos documentos. Al parecer, Karla es empleada municipal pero fue asignada como apoyo al Juzgado, de donde se siente dueña y señora, según expresaron. Por ello, Ruperto y su hija acudieron a pedir el apoyo del presidente del Comité de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, Ricardo Contreras Huerta, quien levantó una queja donde los afectados externan la situación de la cual fueron víctimas. Los documentos ya fueron enviados al Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura para una resolución, por lo que permanecen a la espera de ésta.