Melón o sandía, accidente o atentado, la explosión en el edificio B2 en las oficinas centrales de Pemex es una muestra de la necesidad de los cambios radicales que requiere la paraestatal y, al mismo tiempo, la dificultad para hacerlo.
“Sea cual sea, si se trata de un accidente, si se trata de una imprudencia, si se trata de un atentado, sea lo que sea”, las causas de la explosión serán investigadas, dijo Jesús Murillo Karam, titular de la PGR.
Pero vaya usted a saber si alguna vez nos enteraremos de lo que realmente pasó. En las explosiones de los colectores de Guadalajara por las descargas de Pemex en 1992, el gobierno mexicano decidió que por razones de Estado no convenía que se supiera que la responsable había sido la paraestatal, y adujo razones inverosímiles. La tragedia costó cientos de vidas, miles de casas destruidas o afectadas y ocho kilómetros de calles evaporadas. Hasta la fecha, la versión oficial es un galimatías. Algunas evidencias nos han llevado a concluir, a varios periodistas, que aquella explosión fue ocasionada por la corrupción: frente a una auditoría inminente, funcionarios de la planta de Guadalajara habrían echado al drenaje toneladas de combustible no registradas que se vendían en el mercado negro.
No sé si ahora se trata de un acto de corrupción, de negligencia o de sabotaje. Pero en cualquiera de los casos el hecho revela la podredumbre de Pemex. En el fondo el problema no está en la apertura o no al capital privado, cosa que desde luego es importante, sino en el control que ejerce el sindicato sobre los procesos internos en la empresa. La hija de Romero Deschamps puede ser fotografiada emulando a Paris Hilton y trasladando a sus perros en jets privados por todo el mundo, y el sindicato puede ser exhibido haciendo transferencia multimillonarias e ilegales a campañas del PRI, y no pasa nada: el líder es protegido con un escaño en el Senado.
Incluso las modificaciones positivas en las prácticas de la paraestatal terminan comprometidas por el cáncer de corrupción que la invade. Hoy nos enteramos de que los verdaderos beneficiarios de las transferencias de Pemex a territorio tabasqueño han sido miembros de la familia del ex gobernador Andrés Granier. Las cuentas bancarias de su hija han sido congeladas por la CNBV por la cuantía y el origen inexplicable (la prensa regional afirma que los montos ascienden a 3 mil millones de pesos).
El gobierno de Peña Nieto habla hoy de la necesidad de una reforma energética de fondo. El tema es incuestionable; no podemos seguir como estamos. Pemex es ineficiente bajo parámetros internacionales, nos hemos convertido en importadores de gasolina y otros combustibles y la explotación de petróleo tendencialmente va a la baja.
El tema es si eso se va a resolver simplemente con la apertura al capital privado y mayores niveles de inversión. La explosión de la torre B2 revela que hay una estructura anacrónica y excesiva que ha dejado de ser útil, pero no se irá fácilmente.
Si el gobierno quiere una política energética sana necesitará ventilar los cimientos sobre los que está construida la paraestatal. El problema es que esos cimientos son también los del propio PRI.
Y esa es la paradoja del discurso modernizante de Peña. Se habla de transparencia, de rendición de cuentas, de mayor competitividad de los mercados, de acotar monopolios, de evitar excesos de gobernadores y de hacer reformas económicas de fondo. Pero todas y cada una de esas iniciativas topa con factores de poder que integran la alianza que llevó al poder al actual presidente y que forman parte constitutiva de la fortaleza del PRI.
Ni los líderes sindicales cederán graciosamente sus privilegios, ni los gobernadores renunciarán de la noche a la mañana a su autonomía. Tampoco veo a Televisa o a TV Azteca muy dispuestos a renunciar a sus espacios y prebendas. Los poderes factuales están de acuerdo con las reformas que les benefician. El problema de fondo es que son ellos en buena medida los obstáculos que impiden el diseño y puesta en marcha de esas reformas.
Con todo, el escándalo suscitado por la tragedia ofrece un argumento político al gobierno para emprender una campaña real de saneamiento de Pemex. Primero habrá que ver si la investigación de la PGR es, en efecto, transparente y profunda. Y segundo, si Peña Nieto y su gobierno se deciden a actuar en consecuencia y a hacer de la paraestatal una empresa moderna. Es decir, si quieren tocar a Romero Deschamps y compañía.
