El pasado martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio por terminada la existencia del sindicato más antiguo de este país, todavía con más de 16 mil afiliados, al declarar improcedente el amparo interpuesto por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Si bien es cierto que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro no contribuía a la eficiencia del sector eléctrico, la responsabilidad de ese problema, que llegó a ser muy grave, no se puede imputar a los trabajadores, en todo caso ellos sólo constituían una parte; y la otra gran parte del problema radicaba en la administración pública federal y, en última instancia, en el Presidente de la República.
Fueron falsos los argumentos que esgrimió el presidente Felipe Calderón para declarar la extinción de LyFC y dejar en la calle más de 40 mil trabajadores. La CFE no puede ofrecer ninguna garantía de que mejorará la eficiencia de la industria eléctrica. Basta con recordar los escandalosos fraudes detectados, tardíamente, en esa paraestatal. Menciono sólo un ejemplo de corrupción, entre muchos otros, que se dio entre 2008-2010 con la complicidad de la Suprema Corte de Justicia de Sinaloa, cuando los jueces emitían fallos contrarios a los intereses de la CFE “por derechos de vía”, donde se comprobó que los abogados de la CFE perdían intencionalmente los pleitos con propietarios de los terrenos a cambio de jugosas remuneraciones.
Más absurdo resulta que se pretenda, como ahora resuelve la SCJN, que no exista “patrón sustituto”, cuando LyFC ha sido sustituida por la CFE en un proceso que hemos vivido millones de ciudadanos sin que haya sido necesario ni siquiera la renovaron los contratos de servicio, ni las líneas de distribución, ni los transformadores, sino que simplemente las instalaciones de la CLyFC fueron operadas por trabajadores al servicio de CFE. Es difícil entender por qué los magistrados afirman que no hay “sustitución patronal”, porque la experiencia diaria de los ciudadanos es otra. Hace falta que nos expliquen su forma de entender la realidad.
A los trabajadores afiliados al SME les han ofrecido la liquidación, muchos la han aceptado, han ido cediendo poco a poco ante la evidencia de que la decisión presidencial era más fuerte que todos los argumentos técnicos, prácticos, legales y morales, que se han esgrimido para demostrar, primero que era posible rescatar a LyFC y hacerla productiva con una inversión razonable y con una administración eficiente. Y segundo, que si existía responsabilidad de los trabajadores, también la había, y con mayor razón, de los funcionarios de la administración pública federal. ¿Dónde están ellos ahora? ¿Por qué nunca se les fincaron responsabilidades a los funcionarios y sí se cargó la culpa del desastre de la empresa a los trabajadores? ¿Por qué hay trabajadores presos y ninguno de los funcionarios del gobierno de Calderón?
Liquidar sin mayor justificación a una organización sindical fundada en 1908 como una organización gremial en el estado de Puebla, que en 1914 se conforma como el actual Sindicato Mexicano de Electricistas, no es sólo traicionar los principios fundadores de la república y de una larga historia que pasa por la Constitución de 1917, el cardenismo y que llega hasta las más recientes luchas democráticas y populares de México, donde el SME ha estado presente; es también cancelar las oportunidades de un diálogo respetuoso en el futuro con muchas de las corrientes de izquierda que a lo largo de los años han encontrado en el SME un espacio de colaboración y una fuerza solidaria. Más allá de la “verdad jurídica” que la SCJN pretende imponer, hay una verdad política y social que, en el caso del SME, corresponde al nuevo presidente atender. Enrique Peña Nieto recibe en su segundo mes de gobierno uno de tantos conflictos que le heredó el panismo, el reto está en ser capaz de ofrecer una salida digna para los trabajadores y consecuente con sus promesas de campaña.
sgomez@colmex.mx
Investigadora del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México
