México.- La reforma a la Ley de Obras Públicas, tal y como está redactada, no sirve para evitar “fiascos” como el tren bala México-Querétaro o como la Línea 12 del Metro y, peor aún, no da certidumbre jurídica a las empresas, contratistas y participantes en convocatorias públicas de que no habrá “amigos”, “compadres” o grupos constructores que vendan “casas blancas” beneficiados de forma indebida por procesos irregulares, reconocieron senadores y analistas.
Los legisladores encargados de revisar la minuta enviada por la Cámara de Diputados reconocieron que el texto no le servirá ni al Gobierno federal, ni a los ciudadanos, ni a los propios contratistas que pretendan ganar licitaciones públicas de forma clara y transparente.
“Estaríamos en problemas si aprobamos la Ley de Obras Públicas así como está”, afirmó el Senador Salvador Vega Casillas, del Partido Acción Nacional (PAN).
En momentos en que es más palpable que nunca la vulnerabilidad del sistema de los procesos de contratación pública, especialistas, autoridades y organizaciones de la sociedad civil presentaron a los senadores múltiples observaciones a la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Las observaciones demostraron carencias que le impedirán a la norma propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto cumplir con el propósito de fortalecer, eficientar y transparentar los procesos de licitación y contratación de obras públicas.
Los especialistas observaron que la minuta carece de disposiciones para evitar los conflictos de interés, uno de los grandes problemas que enfrenta la inversión en obras públicas.
Ante ello plantearon que el texto debe ser modificado a fin de incluir en el documento final el crear agentes externos e interinstitucionales para consolidar la transparencia en las licitaciones y abrir los concursos para obra a todos los agentes antes de que se ejecuten los proyectos.
Hubo una propuesta para establecer una cláusula anticorrupción, después de haber alertado que la minuta es omisa en promover competencia, atender conflictos de interés y comprometer transparencia suficiente y efectiva.