Por: Andrés Timoteo / columnista
2 DE OCTUBRE, MEDIO SIGLO
Mañana se cumplen 50 años de la masacre de estudiantes en Tlatelolco. Un acto genocida que a medio siglo continúa lleno de misterios e impunidad. No se sabe con certeza el número de víctimas, algunos dicen que 30, otros que 300 y hay reportes de hasta 4 mil muertos y desaparecidos. Ayer como ahora, las personas o sus cadáveres eran desaparecidos para impedir su registro, búsqueda y localización.
También son 50 años de impunidad, porque nadie pagó por ese crimen. No fueron molestados judicialmente ni el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, quien murió tranquilo en su cama, ni su sucesor, Luis Echeverría Álvarez, quien tiene “prisión domiciliaria” en su residencia de la Ciudad de México, pasando una vejez cómoda, rodeado de sirvientes y guardaespaldas pagados con el dinero público. Echeverría es el símbolo viviente de la impunidad y el decano de los genocidas en México.
Lo sucedido en 1968 en México se enmarcó, por supuesto, en dos grandes fenómenos mundiales: la rebelión juvenil nacida con la llamada “Primavera Francesa” y por el otro lado, la “Guerra Fría” que enfrentaba a las dos potencias globales, Estados Unidos y la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Rebelión y represión de Estado se conjugaron para marcar la historia de México con baño de sangre.
Y a medio siglo de distancia, el país ha evolucionado poco en la cuestión político-electoral, pero no gran cosa en el respeto a los Derechos humanos, la violencia de Estado y mucho menos en el castigo contra los que cometen crímenes de lesa humanidad. Desde 1968 ha ocurrido casi un centenar de masacres de estudiantes, campesinos, activistas sociales, niños -incluidos bebés como el caso de los 49 pequeños que se quemaron en la Guardaría ABC de Sonora- sin que se castigue a los responsables.
Vaya, ni siquiera ha habido investigaciones creíbles. Un espejo -guardando las dimensiones- de la masacre de la Plaza de las Tres Culturas es el caso de la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sucedido en el 2014. Ahí nuevamente el Estado y la milicia estuvieron involucrados, y otra vez se maniobró para dar impunidad a los culpables, especialmente a los de alto nivel político.
Ahora con la coyuntura política se espera -como demandan los sobrevivientes de la masacre del 68- que el nuevo gobierno reconozca que hubo terrorismo, violencia y genocidio cometidos por el Estado, y que no sólo se ofrezca una disculpa pública de parte del Ejecutivo, sino que se permita una investigación judicial seria y el deslinde de responsabilidades.
No importa el tiempo transcurrido, un crimen de lesa humanidad no puede dejarse al olvido ni sin castigo. Una nación que aspire a ser democrática no debe apostarle a la desmemoria y la impunidad. Aun fallecidos, los victimarios deben ser llevados a la corte penal, pues la memoria colectiva lo exige para que el País pueda cerrar esa etapa negra. Obviamente no tendrán castigo físico los genocidas ya extintos, pero sus nombres deben quedar en los anales históricos como verdugos del pueblo.
Juzgar a los muertos no solo es un asunto divino, terrenalmente es parte de lo que llaman “reparación simbólica” en la Justicia Transicional. Declararlos culpables es para que las víctimas -y sus descendientes- sepan el nombre de sus victimarios. A esto se debe sumar, insoslayablemente, la pesquisa para saber la cifra real de estudiantes muertos y desaparecidos, sus nombres y sus historias. La herida histórica no sanará sin la verdad ni los actos judiciales.
LA PINZA AZUL
En temas políticos, el fin de semana fue registrada la fórmula para encabezar la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) y que, se presume, sería la única en la contienda interna, ya que si bien había otras tres planillas hacían proselitismo y acopiaban firmas para cubrir los requisitos, éstas no lograron recabar las rúbricas suficientes. La fórmula citada es encabezada por el michoacano Marko Cortés Mendoza y el jalisciense Héctor Larios Córdoba.
Ambos representan las dos corrientes más fuertes al interior del panismo. Cortés Mendoza al grupo del excandidato presidencia Ricardo Anaya y Larios Córdova al de los gobernadores y exgobernadores azules. Ellos formaron una pinza para cerrar el paso a otros grupos secesionistas y pro-morenistas o pro-priistas, como el del expresidente Felipe Calderón.
Después de la presidencia y la secretaría general del partido -que serán para Cortés y Larios, respectivamente- están las secretarías de Elecciones, Vinculación con la Sociedad, Promoción Política de la Mujer, Fortalecimiento Interno, Formación y Capacitación, Acción Juvenil y Comunicación.
Ya se ha dicho, el PAN será la oposición del Morenismo dominante y también contrapeso en los estados donde se reposicionó Morena, entre ellos Veracruz. Así que la inclusión de Yunes Márquez en la burbuja del panismo nacional se debe leer con estampilla para mañana.
Los Yunes son expertos en remar contracorriente y hacer política en contextos adversos. En los seis años venideros, se deduce, conducirán la oposición y la crítica y la denuncia política en Veracruz combinándola con el rejuego a nivel nacional. Es parte de la promesa de que “la lucha sigue”, dicha por el gobernador en funciones, el pasado 9 de julio. La primera justa de esa lucha es en el 2021 y la revancha para el 2024.
Con lo que sucede en las elecciones internas a nivel nacional, se deduce que en Veracruz también habrá pinzas azules contra los pro-morenistas y pro-fidelistas. Lo que hay en juego no es menor: más de cien Ayuntamientos que se buscará mantener para el 2021, dos senadurías, cinco diputaciones federales y doce escaños locales -estas también tratarán de retenerlas en el 2021-.
Por cierto, en este contexto, el recuento total de votos en Puebla ratificó la mayoría para la panista Martha Erika Alonso de Moreno Valle sobre el experredista y hoy morenista, Luis Miguel Barbosa, quien aún con que le cumplieron la petición de “voto por voto, casilla por casilla” que hizo popular Andrés Manuel López Obrador desde el 2006, no acepta los resultados y exige la anulación de los comicios para convocar a elecciones extraordinarias.
Todo indica que no le cumplirán el capricho a Barbosa, quien es -por cierto- uno de los rescatados de la ‘mafia del poder” y Morena se quedará sin Puebla, cuyo gobierno estatal ya atesoraba para sustituir al de Morelos donde el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, mandatario electo, ya se rebeló al caudillo y a los mandamases del partido marrón.
SOLTARON A LA CONEJA
El todavía presidente Enrique Peña Nieto le está arreglando entuertos jurídicos a su sucesor, Andrés Manuel López Obrador y hay una ‘limpia’ de casos judiciales que beneficia a los dos. Los hechos lo confirman. Ya fue exonerada la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, quien estaba bajo proceso penal desde febrero del 2013 cuando fue detenida.
La PGR se desdijo las acusaciones y las retiró para facilitarle su libertad. Gordillo pactó con López Obrador para operarle las llamadas Redes Progresistas con sus leales del SNTE. La semana pasada se otorgó una condena ridícula al exgobernador Javier Duarte de Ochoa sobre quien pesan versiones de acuerdos con Morena desde las elecciones del 2016 en Veracruz.
Y el viernes se sumó el tercer capo criminal a la lista de amnistiados de manera precoz, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien fue liberado de un centro penitenciario en Chihuahua donde permanecía desde diciembre del año anterior. Apodado “La Coneja”, Gutiérrez junto con el exdirigente nacional del tricolor, Manlio Fabio Beltrones desviaron, entre 2015 y 2016, cientos de millones de pesos de gobiernos estatales para financiar al PRI.
Tan sólo en Chihuahua traficaron 250 millones de pesos durante el gobierno del priista César Duarte para costear al tricolor. La PGR también retiró cargos y salió de la cárcel
¿Quién fue el juez que le abrió la reja? Marco Antonio Fuente, el mismo que dictó la sentencia de solo nueve años de prisión a Javier Duarte de Ochoa. Ese mismo juez negó la apelación que hizo el gobierno de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral Jurado, para evitar que ‘La Coneja” fuera liberado.
Así, la administración saliente cierra otro caso tortuoso que involucra directamente a Peña Nieto por permitir el desvío de recursos, avalado desde la Secretaría de Hacienda, y ataja cualquier pesquisa hacía el expoderoso Manlio Fabio Beltrones, el priismo y el resto de los delincuentes electorales involucrados en la red para expoliar dinero público y trasladarlo a las campañas del tricolor en el 2015 y el 2016.
El cierre del caso de Gutiérrez beneficia a dos aliados del morenismo en Veracruz: al propio Duarte de Ochoa y al ahora diputado federal, Héctor Yunes Landa. No hay que olvidar aquellas reuniones en Casa Veracruz en las que participó “La Coneja” Gutiérrez y se acordó sustraer dinero estatal para las campañas priistas. A sonorense Beltrones le hicieron llegar maletas rellenas de billetes por medio de Gutiérrez.
Yunes Landa recibió mucho dinero robado al erario estatal, mismo que se acordó en esos encuentros en los que predominaba manjares, bebidas y carcajadas. Eran los tiempos del poderío duartista y cuando Yunes Landa le decía al cordobés que era “su jefe político”. El excandidato a la gubernatura habría recibido 1 mil 300 millones de pesos, cantidad que fue inferior a lo pactado entre Duarte, Beltrones y Gutiérrez que era de 2 mil millones, por lo que hizo un berrinche, según testigos.
El señalamiento del financiamiento a Yunes Landa provino del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, uno de los personajes más allegados a Duarte y depositario de secretos oscuros que pasaban en dicha residencia. Hoy Manlio Fabio Beltrones, Héctor Yunes y el mismo Duarte de Ochoa han de estar saltando de contentos porque con la exoneración judicial de “La Coneja” aseguran impunidad. Son ricos con dinero ajeno e intocables por la justicia.
¿Quién será el siguiente capo criminal por perdonar? Se abren apuestas, pero la coincidencia es que seguramente el nuevo gobierno extinguirá la persecución contra Karime Macías de Duarte y a nivel estatal obtendrán su libertad los exfuncionarios duartistas que habitan en Pacho Viejo. Es la magia de la prometida amnistía a los delincuentes que ya se cumple aun sin comenzar los nuevos gobiernos.
